El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha advertido de que medidas como el control de los alquileres, las moratorias de desahucios, las expropiaciones temporales de vivienda o la «permisividad» con la ocupación implican el riesgo de deteriorar aún más la propiedad privada en España.
El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, ha presentado el informe ‘La propiedad privada en España. La necesidad de reconocer los derechos de propiedad en materia de vivienda‘. En este se destaca que el derecho de propiedad es un derecho «esencial», cuya protección en los últimos años se ha visto perjudicado en España por determinadas decisiones judiciales y por cambios legales y regulatorios.
Dichos cambios, denuncia el IEE, «exceden los criterios de razonabilidad que se dan en la Unión Europea. Afectando a inversiones internacionales, o con decisiones que subvierten la propiedad privada, para paliar carencias de las políticas públicas». Todo ello, apunta, sitúa a España en una «modesta y mejorable» posición en lo referente a los indicadores de propiedad.
«La protección de los derechos de propiedad es clave porque contribuye a la prosperidad de una sociedad. Genera certidumbre en los agentes económicos y favorece la captación de inversiones, que son determinantes en el crecimiento, tanto a corto como a medio y largo plazo. Sin embargo, parece que se asiste a lo contrario, a una relajación de la protección de estos derechos en determinados ámbitos, con medidas vestidas de carácter transitorio y bajo el pretexto de la urgencia y excepcionalidad del entorno actual», critica el IEE.
Para el Instituto, actualmente existen «algunas amenazas» a los derechos de propiedad en la economía española, que se relacionan fundamentalmente con el ámbito de la vivienda.
El control del alquiler, «contraproducente» y dudoso constitucionalmente
En concreto, el IEE menciona entre ellas los controles al precio del alquiler, «una medida de muy dudosa constitucionalidad». A su juicio, esta no solo no ayuda a mejorar el acceso al alquiler, sino que es «contraproducente» porque reduce la oferta «en cantidad y calidad». Tensiona los precios en las zonas no reguladas, y empeora la eficiencia en la asignación de recursos.
También el decreto antidesahucios «amenaza», según el IEE, los derechos de la propiedad al suponer el avance «hacia una cierta legitimación o tolerancia social y jurídica de las ocupaciones de viviendas. Un problema que vulnera la seguridad jurídica y la propiedad privada y genera un efecto llamada y un incremento de los impagos en un contexto de ya elevada morosidad».
El IEE advierte además que una de las consecuencias más directas de esta situación será la restricción de la oferta de alquiler, sobre todo para los colectivos más vulnerables. Pues tanto los propietarios como las entidades financieras exigirán garantías adicionales incapaces de ser aportadas por parte de estos colectivos. Y priorizarán individuos solventes ante los eventos de riesgo que amparan estas medidas.
Sobre las expropiaciones temporales de vivienda, el IEE considera esta medida «muy desafortunada y más efectista que efectiva». porque además de vulnerar los derechos de propiedad, introduce «distorsiones» en el mercado de la vivienda que contribuyen a perpetuar los problemas existentes.
«Incertidumbre e inseguridad», señalan desde el IEE
«El problema de este tipo de medidas (controles de precios, prohibición de desahucios, expropiaciones, etc.) es que, al vulnerar la propiedad privada, generan incertidumbre e inseguridad jurídica, Y pueden mermar permanentemente la confianza en el mercado. Lo que hace que sus efectos negativos se extiendan incluso más allá de su vigencia«, avisa.
En su lugar, el IEE apuesta por implementar medidas que aborden la falta de oferta de vivienda en alquiler. Y, para ello, considera clave un marco regulatorio «simple, estable y predecible», que aporte certidumbre y seguridad jurídica. Y que no genere un tratamiento asimétrico entre el arrendador y el arrendatario.
Además, subraya que la iniciativa privada también se puede favorecer mediante incentivos fiscales a la construcción de vivienda para alquilar, así como mediante la habilitación del suelo público disponible. Por otro lado, cree que podría abordarse la promoción de vivienda social mediante esquemas de colaboración público-privada que aseguren una gestión eficiente y un menor coste para el sector público.
Según el Índice Internacional de Derecho de Propiedad (IIDP), España figura en la zona baja del ranking, en la posición 26 sobre 37, lejos de los países de referencia en materia de protección de los derechos de propiedad. Así, España se sitúa 8,3 puntos por debajo del promedio observado en la OCDE. Y 6,8 puntos por debajo de la nota media que reciben los países de la UE pertenecientes a la OCDE.
