Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley dirigida a evitar que el Gobierno introduzca medidas de control de precios de alquiler, así como las expropiaciones de viviendas o la penalización de tenencia en propiedad de viviendas desocupadas.

Entre las propuestas de la formación se encuentran medidas como el fomento de la autonomía de ambas partes de determinar la renta de forma voluntaria. U otorgar créditos fiscales a promotoras y propietarios que promuevan el alquiler para hogares con bajos niveles de renta.

Los diputados de Vox defienden que los últimos datos oficiales de vivienda no apuntan a que exista ningún desequilibrio en los precios de alquiler, por lo que instan a que se garantice que no se vaya a establecer un control de precios por parte de las administraciones.

En su proposición también señala que el «auge de la ocupación ilegal» ha provocado una reducción de la oferta de vivienda, junto con otro fenómenos como el incremento de las viviendas turísticas en determinadas zonas.

En este sentido, asegura que la crisis del coronavirus ha producido una caída de la vivienda vacacional y un auge de las promociones para alquiler. Por eso defiende que la libre competencia en encargará «por si sola» de regular las actuales disfunciones en el mercado.

Reducir el plazo mínimo de los contratos

Vox también critica lo que considera un mayor «intervencionismo» en el mercado llevado a cabo en los últimos años por el Gobierno, como ampliar la duración de los contratos de arrendamiento a cinco años, la limitación de alzas en los precios al IPC o la atribución al propietario (si es una empresa) de asumir los gastos de gestión inmobiliaria.

A estas medidas también se han sumado otras adoptadas en el marco de la crisis del coronavirus que Vox opina que han ampliado ese «intervencionismo», como la suspensión de desahucios, la prórroga extraordinaria de los contratos, las moratorias de deudas o las ayudas al alquiler.

Su grupo parlamentario también ha registrado otra proposición no de ley con una batería de iniciativas que tienen el objetivo de mejorar el mercado inmobiliario español, para su posterior discusión en el pleno.

Entre las medidas destacan la reducción de los plazos mínimos de arrendamiento, endurecer las penas por usurpación, dotar de mayores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desalojar ocupaciones o liberalizar el suelo apostando por la libertad de fijación del precio del alquiler.