La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha abogado por «adaptar y modernizar» el marco normativo de control de ayudas públicas de la Unión Europea para acompañar el proceso de los planes de recuperación.
«La Comisión Europea es muy consciente de que necesitamos adaptar el marco a las necesidades de despliegue de los proyectos del plan», ha señalado la ministra durante su intervención en la presentación del informe ‘La tercera modernización de la economía española. Claves para aprovechar la oportunidad del Plan de Recuperación’, organizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi).
Además, la ministra ha avanzado que actualmente se encuentra en diálogo con la Comisión Europea para que, incluso antes o de cara a la presentación formal del plan de recuperación las próximas semanas, el Gobierno ya tenga resueltas algunas de las autorizaciones que son precisas para algunos de los proyectos.
Encajar los PERTE para la recuperación de la economía
Para la ministra, la Comisión Europea debe abordar cómo encajar los PERTE, los proyectos emblemáticos para la recuperación de la economía, que por su envergadura y complejidad, tiene unas características que, en su opinión, también deben ser consideradas a la hora de evaluar las ayudas de estado.
El Plan de Recuperación que España deberá enviar a Bruselas antes de que finalice el mes de abril está articulado en cuatro ejes, se compone de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102, reformas, con dos objetivos fundamentales: impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible.
En principio el Ejecutivo no dio luz verde al plan este martes, por lo que es previsible que se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo 27 de abril para enviarlo antes de que finalice el mes, fecha límite también para presentar el Plan de Estabilidad.
«Optimista» a pesar de la paralización por el Tribunal Constitucional
Sobre la aprobación del plan a nivel europeo, la ministra se ha mostrado «optimista» respecto a la situación de paralización marcada por el Tribunal Constitucional alemán para analizar el mecanismo de financiación. Además, la ministra ha recordado que hay un par de países que no han ratificado las decisiones que hay que firmar para que la Unión Europea pueda endeudarse con estos instrumentos.
Tras su aprobación, la ministra ha explicado que habrá proyectos en España que tendrán un «impacto inmediato», como pueden ser en materia de vivienda o de impulso ferroviario, mientras otros más maduros tendrán un largo proceso de despliegue ante su mayor complejidad.
Por ello, el Gobierno ya ha establecido una hoja de ruta para los próximos tres años, cuando se movilizarán inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto «inmediato» en la economía y en el empleo este mismo año.
