La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha asegurado en el Congreso que el trabajo para la elaboración de la nueva Ley de Vivienda se ha realizado «extremando el rigor jurídico» con el fin de que «no quepa ninguna duda sobre su constitucionalidad».

Y es que esta nueva ley, que aún no ha visto la luz, algo que está previsto en el próximo Consejo de Ministros del 26 de octubre como anteproyecto de ley, ya tiene anunciado, por lo menos, el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el PP.

Todo ello en una interpelación urgente dirigida por Cs a la ministra en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que ha asegurado que la regulación del precio del alquiler a la que habilitará la nueva norma «no vulnera el derecho a la propiedad», ya que la vivienda «no es un mero bien de mercado».

Por tanto, entiende que ser propietario implica unos derechos, a un uso, a un disfrute, pero este no puede «desviar la función social» que, ha subrayado, tiene la vivienda y, por ende, el derecho de acceso a la misma a precios asequibles.

En todo caso, ha señalado que la regulación de precios y su rebaja conforme al índice de precios «no va a ser una práctica universal y generalizada», ya que en caso de que la propiedad no alcance a las diez viviendas se ofrecerán incentivos fiscales, ha recordado.

Además de las medidas para la contención y rebaja de rentas, acordadas por PSOE y Unidas Podemos, Sánchez Jiménez ha destacado otras, como la reserva del 30% a vivienda protegida en toda nueva promoción, los incentivos urbanísticos o fiscales a propietarios para crear la figura de la vivienda asequible incentivada, la definición de vivienda vacía, para habilitar recargos de hasta el 150% en el IBI, o la protección legal ante situaciones de desahucios.

En la interpelación, ha rechazado las acusaciones de Cs sobre un cambio de criterio acerca de la regulación de los alquileres – llegó a afirmar que se trataba de una medida «muy discutida» cuando el PSOE se resistía a desarrollarla -, y ha explicado la situación actual del alquiler en la falta de un impulso de las administraciones por una política de vivienda protegida.

Ya hay acuerdos para 11.000 nuevas viviendas sociales

Así, ha lamentado que el parque de vivienda social en alquiler se queda en el 2,5% – un 1,6% en el caso de la de titularidad pública – frente al 30% de Países Bajos, el 24% de Austria o el 10% de media de la Unión Europea. Y que si en España un 37% de hogares dedican más del 40% de su renta al pago del alquiler, la media europea se queda en el 24%.

Por ello, ha asegurado que los planes del Gobierno es poner a disposición 100.000 viviendas para alquiler asequible, 45.000 viviendas de los parques públicos y 56.000 a través de acuerdos con agentes privados.

Con las comunidades, la ministra ha asegurado haber llegado a acuerdos para 4.769 viviendas y otras 6.805 con entidades locales, y espera reforzar esta dotación con 1.100 millones de euros del Plan de Recuperación, para otras 20.000 viviendas por parte de las administraciones autonómicas.

Con el sector privado, espera poner a disposición 30.000 viviendas con entidades gestoras de alquiler, 11.000 a través de entiades financieras y 15.000 de la Sareb, el conocido como ‘banco malo’.

«Van ustedes tarde, pero en sentido contrario»

Durante su intervención, el diputado de Cs Juan Ignacio López-Bas ha compartido buena parte de las medidas desgranadas por la titular de Transportes, y ha ofrecido una batería de medidas dirigidas a ofrecer incentivos fiscales, rediseñando los existentes, para mejorar la oferta, y alcanzar acuerdos con los propietarios de vivienda.

Sin embargo, ha criticado la regulación de alquileres prevista, anticipando una rebaja de la oferta, asegurando que eso es lo que ha pasado en otras ciudades europeas, donde ya se plantea una reversión de este modelo de intervención. «Van ustedes tarde, pero lo peor es que van en sentido contrario», ha lamentado.

Aun reconociendo el aumento del 35% del presupuesto para vivienda en las nuevas cuentas, ha señalado que aún está pendiente el nuevo Plan Estatal de Vivienda, y que de la nueva ley únicamente conocen que existe un acuerdo, ni siquiera un borrador del nuevo texto.

También ha puesto en cuestión la «inseguridad jurídica» o las mayores «cargas» al sector inmobiliario que, a su juicio, supone la reserva de un tercio de las nuevas promociones para vivienda protegida.