elmundo.es, 03 de junio – La Comisión Europea sigue apretando las tuercas al Gobierno español en materia de tributación por vivienda e insistie en que debe incrementar la carga fiscal sobre los inmuebles. Así lo recordaron una vez más ayer en una rueda de prensa conjunta el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, y el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, con motivo de la publicación de las recomendaciones de Bruselas a los estados miembro para reducir el déficit e incrementar el empleo.

Para ello, Bruselas considera necesario que España adopte antes de finales de 2014 una reforma fiscal «completa», que «simplifique» el sistema impositivo y haga que contribuya al crecimiento, a la creación de empleo y a la estabilidad de la recaudación. Por ello, recomienda trasladar la imposición hacia tributos «menos distorsionadores», como los que gravan el consumo o el deterioro del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) o impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles.

Unas recomendaciones que, de ser atendidas, podrían derivar en la subida del IVA que grava la compra de vivienda nueva, actualmente en el tipo reducido del 10 %, hasta el general del 21 %. Algo que el Gobierno español ha desmentido en varias ocasiones pero que, ante la insistencia de la Unión Europea, muchos temen que pueda llevarse a cabo.

Una posibilidad más real sería la de que siguiera tributando al tipo reducido, pero éste pasara del 10 % actual al 13 %, tal y como propone el documento de reforma fiscal elaborado por la comisión de expertos, presidida por Manuel Lagares. El sector inmobiliario alerta de que, de llevarse a cabo cualquier subida impositiva, se lastraría la incipiente recuperación de las ventas de viviendas y, con ella, la tímida reactivación de la construcción de nuevas promociones, con la importancia que esta actividad tiene para la economía y el empleo.

Por otro lado, tanto la Unión Europea como alguno organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la OCDE, han solicitado a España que suprima definitivamente la deducción por compra de vivienda -ya está eliminada para las compras realizadas desde el 1 de enero de 2013- al estimar que únicamente servía para seguir hinchando la burbuja inmobiliaria y considerar que se trata de una desgravación regresiva puesto que favorece a las rentas más altas, que son las que pueden aplicarse la deducción completa y llegar al máximo beneficio fiscal.

Recomendaciones que recogió el comité de expertos encargado de redactar la propuesta de reforma fiscal que estudia el Gobierno. Unas propuestas que incluyen la eliminación progresiva de la deducción para reducir el coste fiscal para Hacienda. La idea es establecer un plazo, de unos 10 años, para poder aplicarse esta deducción. Es decir, el contribuyente debería concentrar en esos 10 años la masa deducible, con los límites actuales sobre cuota, independientemente de si puede adelantar la devolución al banco en ese plazo o si sigue con la hipoteca hasta el total de su vida.

Por otra parte, también sugieren determinar una renta presunta a la vivienda habitual, ahora sólo se aplica a la segunda y otras más, del entorno del 1,1 % del valor catastral o valor escriturado. Este rendimiento no se integraría en la Base Imponible general como sucede hasta ahora con una tributación que puede llegar hasta el 52 % en las rentas más elevadas), sino que se imputaría a la tarifa del ahorro, para la que los expertos demandan un tipo único en el entorno del 20 % cuando ahora la tarifa es progresiva y llega hasta el 27 % según los rendimientos.

El Gobierno se ha mostrado reacio a aplicar estas medidas, probablemente, por el alto coste político que supondría estas medidas. Pero Bruselas sigue insistiendo…