El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles ante el Pleno del Congreso que la regulación de los alquileres que contendrá la futura Ley de Vivienda que prepara su Ministerio será «una medida oportuna, ponderada, tasada y proporcional».

Asimismo, ha justificado que esta regulación se lleve a cabo a través de un proyecto de ley, y no de urgencia con un decreto, pues «afecta a la propiedad privada» y, por tanto, «necesita las garantías de una ley». «Si así fuera, no estaríamos planteando la constitucionalidad de lo aprobado en Cataluña, sino de lo aprobado aquí», ha abundado.

Todo ello en una interpelación urgente dirigida por la diputada de la CUP Mireia Vehí, que además de exigirle una regulación de los alquileres, le ha exigido no recurrir la ley catalana del vivienda aprobada por el Parlament, que contempla esta regulación.

En este sentido, Ábalos ha asegurado que «no le corresponde al Ministerio de Vivienda estas cuestiones», sino al de Administraciones Públicas y Política Territorial, que, según ha dicho, «tendrá que ver si hay o no elementos de constitucionalidad». En todo caso, ha señalado que en este tipo de posibles litigios «siempre se abre un proceso de acuerdo, de conversación o negociación antes de plantear cualquier recurso».

La CUP pide utilizar los inmuebles de la Sareb

En su intervención, la diputada de la CUP ha denunciado la falta de políticas públicas para garantizar la vivienda, cómo la pérdida de esta «desencadena la pobreza» y el papel que juegan en el mercado los fondos de inversión como Blackstone, «el mayor propietario de viviendas y hoteles» en España, y cuyo presidente declaró tener «250 millones de pólvora seca para invertir en la crisis». «Esta gente son carroñeros, la piedra angular de la economía de casino», ha criticado.

Por ello, ha exigido una regulación de urgencia en materia de alquileres – «La gente no puede esperar» -, la utilización de inmuebles de la Sareb para incorporar al parque público de vivienda, la prohibición de las Socimis y también de los desahucios, algo que, ha pedido, recoja la prórroga del vigente estado de alarma. «Esto es una batalla entre el capital y la vida. O apuestan por la vida o el capital acabará con muchas vidas», ha concluido.

Prohibición de desahucios, pero con contrato

Por otro lado, Ábalos ha reconocido este miércoles en el Congreso que le impactó ver la imagen de una familia desahuciada con cuatro menores en el madrileño barrio de Carabanchel, pero ha recalcado que se trataba de la ‘okupación’ de una vivienda de la Sareb (el conocido como ‘banco malo’ del Estado utilizado para acumular activos inmobiliarios de los bancos durante el rescate financiero), y que por ello su caso no estaba acogido a la moratoria.

«No podemos permitir confinamiento y, al mismo tiempo, poner en riesgo la posibilidad de una morada. Es una contradicción, y por eso suspendimos el procedimiento de desahucios que afectara a arrendamientos de vivienda – ha explicado -. Los desahucios están suspendidos, pero tienen que tener contrato».

También ha recordado que el Gobierno prorrogó de forma automática seis meses los contratos próximos a finalizar y estableció medidas para reducir los alquileres un 50% o una moratoria de pagos en caso de grandes tenedores o vivienda pública, así como préstamos avalados para pagar las rentas.

Sin embargo, el Gobierno dejó fuera de la prórroga de estas medidas del conocido como ‘escudo social’ la posibilidad de negociar una moratoria hipotecaria y la prohibición de cortar el suministro básico de agua, luz o gas a todas las familias, manteniéndose únicamente para hogares beneficiarios del bono social con hijo a cargo, discapacitado o dependiente, como antes de la pandemia.

Por otro lado, Ábalos ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda contendrá un «marco legislativo adecuado» que mejorará «las garantías legales y procesales» para personas afectadas por procedimientos de desahucio «como garantías del cumplimiento del derecho a la vivienda».

Respecto a las acusaciones de Vehí a los agentes de Policía que intervienen en los desahucios, Ábalos les ha defendido diciendo que «son funcionarios», que «no son los que mandatan» estas ejecuciones, sino que son «instrumentos» para hacer cumplir la ley, y ha concluido diciendo que «seguro que muchos no lo hacen con ningún gusto».