Tras el anuncio del Gobierno de una futura Ley de Vivienda en cuatro meses, que regulará los precios de los alquileres, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) considera que, “esto no es una regulación, es una intervención del mercado en toda regla, una medida puramente ideológica, como ya veníamos avisando, contraria al libre mercado de alquiler, donde los pequeños propietarios particulares, que son más del 90% del sector, se van a ver perjudicados y muchos de ellos preferirán cerrar sus viviendas al alquiler”, sentenció su Director General, José Ramón Zurdo.
“Nadie puede entender cómo se planifica desde el Gobierno una intervención de la renta de los alquileres, justo cuando el mercado de alquiler experimenta una bajada considerable de las rentas, situándose a niveles de 2018 y con la previsión que a finales de año las rentas bajen incluso mucho más, y mejorando el acceso a la vivienda, alerta José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
“Hoy sabemos, sobre todo en el último trimestre del año, que los precios de los alquileres han caído entre un 10 y un 15% en comparación a los dos últimos años, señala José Ramón Zurdo. “El mercado del alquiler se está autorregulando en función del aumento considerable de la oferta de viviendas que se están incorporando al mercado y la ralentización de la demanda”.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ya adelantó que una intervención de los precios en estos momentos de desajuste a la baja, podría provocar alteraciones importantes que podrían provocar la paradoja de que los precios intervenidos fueran más altos que los que exige la actual demanda a la baja, porque todavía no sabemos qué recorrido tiene y hasta cuando, seguirán cayendo los precios de los alquileres.
A finales del año pasado, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), adelantó siete graves consecuencias de aplicar la intervención del precio de los alquileres, que como 7 plagas actuarán negativamente sobre nuestro mercado de arrendamiento y acabar afectando también a la economía en general. Estas son en detalle:
1. Aumento del mercado negro
Medidas tan restrictivas para los arrendadores como la intervención de los precios, puede generar que los propietarios no se conformen y acudan a la economía sumergida para compensar las diferencias económicas, lo cual generaría la creación de una bolsa de dinero negro, además de pagarse menos impuestos.
2. Mantenimiento de los altos precios de los alquileres y desigualdades
En todos los países en los que se han intervenido el precio de los alquileres, las rentas no han bajado y se han mantenido los altos precios.
La intervención de los precios puede provocar grandes desigualdades ante la complejidad técnica de su desarrollo, dado que el precio de dos viviendas en la misma finca puede variar considerablemente en función de su altura, de si han sido reformadas, de si son interiores o exteriores, o incluso de su orientación o de los sistemas de calefacción de que dispongan. La complejidad técnica en ciudades donde se ha implementado la intervención de los precios ha dado lugar en algunos casos, a casos tan dispares como que la renta obtenida de aplicar los criterios de intervención haya sido incluso superior a la renta de mercado de las viviendas libres de esa zona en concreto.
3. Deterioro del parque de vivienda en alquiler
Otro efecto que conllevaría la intervención de los precios sería un menor mantenimiento de las viviendas por los propietarios al recortárseles sus márgenes de beneficios, lo que fomentaría un mayor deterioro de las viviendas, como ocurrió en su momento con el parque de viviendas de renta antigua.
4. Fin de la compra para alquilar
Una intervención de los precios desincentivaría la actual adquisición de viviendas por particulares para rentabilizarlas destinándolas al alquiler, lo que provocaría una disminución de la oferta y un posible aumento o mantenimiento de los precios.
5. Guetos, favoritismos y listas de espera
Como esta siendo el caso de Suecia donde se debate precisamente lo contrario de lo que se quiere hacer en España, donde los suecos plantean desregular el mercado del alquiler para combatir las consecuencias de la política intervencionista que ha creado escasez de oferta, dinero negro y listas de espera de hasta 20 años para acceder a un piso regulado.
6. Falta de seguridad jurídica y disminución de la oferta: 8 regímenes jurídicos
Esta intervención vendrá aparejada de otro cambio legislativo, que se suma a los otros 7 regímenes jurídicos actualmente en vigor en el alquiler en España y que va crear más confusión y complejidad en los arrendadores, disminuyendo la seguridad jurídica.
Todas las medidas que se han estado tomado últimamente sobre esta materia han perjudicado claramente a los arrendadores en beneficio de los arrendatarios, limitado las garantías que se pueden solicitar a los inquilinos, limitado que los alquileres se actualicen por encima del IPC o aumentado indirectamente el plazo de los desahucios con lo que el propietario tardaría mucho tiempo en recuperar su vivienda para volver a alquilarla.
Si a todo esto le sumáramos que los arrendadores no pudieran fijar libremente los precios de sus alquileres, todo ello conformaría un cóctel explosivo de incertidumbre e inseguridad para quienes tienen la llave de aumentar la oferta de viviendas, que son los arrendadores, lo que puede provocar que saquen menos viviendas al alquiler y disminuya la oferta.
7. Retirada de SOCIMIS y de Fondos de Inversión
Muchas de las empresas que se dedican en invertir activos para luego alquilar, y por tanto aumentar la oferta para que bajen los precios, se están planteando la venta de esos activos porque no les saldrán rentables las operaciones con las medidas tan restrictivas que se anuncian.
En estas misma línea, los arrendadores personas jurídicas, están siendo perjudicados con medidas que han alargado los contratos hasta plazos difícilmente entendibles de hasta 10 años (7+ 3 de prórroga) y se les ha impuesto además que soporten los honorarios de gestión e intermediación de las Agencias Inmobiliarias. Además, hoy se acaba de anunciar, un aumento de la carga impositiva, un elemento más en contra de la viabilidad de estas sociedades.
