La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha insistido en que la solución a los elevados precios del mercado del alquiler pasa por aumentar la oferta de pisos en lugar de introducir medidas para limitar las rentas, como contempla el anteproyecto de la Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros a finales de octubre.

El director de ANA, José Ramón Zurdo, ha asegurado en un encuentro con periodistas que el problema del mercado del alquiler «no está en la demanda, sino en la oferta» y ha instado a impulsar el parque de vivienda en alquiler. «Si no se potencia la oferta, por muchas medidas que se tomen, los precios van a seguir altos», ha comentado.

Aunque la aprobación de la ley se demorará hasta el segundo semestre de 2022, según las proyecciones del Gobierno, y existe un plazo de 18 meses para la elaboración de los índices de zonas tensionadas, Zurdo sostiene que «el temor se percibe» y muchos propietarios de viviendas para alquiler se están decantando por ponerlas en venta.

En concreto, ANA ha observado que entre el 15% y el 20% de los arrendadores ha optado en los últimos meses por vender sus inmuebles cuando vencían los contratos, frente a cifras del entorno del 3% de otros años.

Pocos beneficios para el arrendador

El director de ANA considera que el anteproyecto de la Ley de Vivienda «afecta de lleno a los pequeños propietarios, que son la mayoría». Desde ANA, cuestionan la falta de seguridad jurídica que aprecian en la ley, pero también los escasos beneficios fiscales que tendrá para el arrendador algunas de las medidas que recoge la normativa.

Una de ellas es la bonificación del 90% en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si el propietario opta por bajar el alquiler de un inmueble en zona tensionada un 5% en el momento de renovar el contrato. En un escenario de declaración de zona tensionada durante tres años, con una renta de 700 euros, extendida por una periodo de ocho años, el propietario dejaría de ganar 1.252 euros, si optara por bajar el alquiler a cambio de la bonificación fiscal, según las estimaciones de ANA.

Además, advierten de que para burlar la futura normativa se podría recurrir a la opción de usufructo temporal en el alquiler de la vivienda para evitar el alargamiento de los contratos en zona tensionadas, y asegura que algunas grandes inmobiliarias ya recurren a esta fórmula.

De esta forma, a partir del cuarto año de contrato, el propietario incluye en las mensualidades el pago de los gastos de comunidad y del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI), que durante los tres años anteriores se le habían excluido. Así, el arrendador consigue que sea el arrendatario quien resuelva el contrato.