La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha trasladado al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana una propuesta de articulado de la futura ley de vivienda en la que propone regular el precio del alquiler. Y garantizar el 15% de pisos sociales en un plazo máximo de 20 años.

Esta propuesta llega después de que el Ministerio presentara una proposición escrita sobre la nueva ley, basada en incentivos fiscales a propietarios que decidan bajar el alquiler, que ha provocado el rechazo expreso de Unidas Podemos. La formación morada acusa a los socialistas de no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el alquiler con control de precios y obligaciones a grandes propietarios.

Así, Colau quiere que la futura ley estatal de vivienda «signifique un punto de inflexión y provoque un cambio estructural de políticas públicas de vivienda». Que dé cobertura a las iniciativas de Barcelona y Catalunya, y se encamine hacia modelos de países como Francia, Austria, Alemania y Holanda.

Por eso plantea ampliar y mejorar el parque de alquiler social y asequible. Un nuevo modelo económico que garantice la inversión pública y reforma fiscal, atender la emergencia habitacional y la regulación del alquiler de mercado. Y construir un nuevo modelo de gobernanza de las políticas públicas de vivienda.

Para llegar al 15% de parque de vivienda social en 20 años, la alcaldesa reclama que las administraciones públicas aumenten hasta el 1,5% el PIB. Y promover una nueva fiscalidad que «elimine privilegios, ‘dumpings’ y movimientos especulativos», que incentive el alquiler asequible y que evite desequilibrios territoriales.

Nueva fiscalidad

En este sentido, propone mantener las bonificaciones actuales del impuesto de sociedades que tienen sociedades de gestión inmobiliaria como las entidades de alquiler de viviendas (EDAV), las SOCIMIs y las instituciones de inversión colectiva (IIC) solo cuando destinen al menos la mitad de sus activos al alquiler de viviendas, con diferentes proporciones de alquiler protegido y por debajo de los índices de precios de manera obligatoria.

Con estas medidas, se pretende hacer aflorar vivienda protegida y asequible, que se estima que podría llegar a los 100.000 alquileres protegidos. Y a 100.000 más a precios por debajo de los índices de referencia.

Emergencia habitacional

Respecto a la emergencia habitacional, reclama una mediación previa antes de iniciar el proceso de desahucio que afecte a una persona vulnerable. También prohibir desahucios a fecha abierta y regular el ofrecimiento de alquiler social por parte de los grandes tenedores.

Sobre la regulación de los precios de alquiler, la propuesta fija que los precios no podrán superar los del contrato anterior ni el precio marcado por el índice de precio de referencia, tal como prevé la legislación catalana en esta materia. Señala, además, que se pueda incrementar hasta un 10% en función de las características de la vivienda alquilada.

Además del precio, propone incorporar la modificación de leyes vigentes como la Ley de Arrendamientos Urbanos, para crear mecanismos que amplíen la estabilidad de las personas que alquilen una vivienda, así como sistematizar el control sobre los contratos de arrendamiento.

En este sentido, se prevé incorporar una serie de condiciones restrictivas para garantizar al menos una primera renovación del contrato. Pasando de cinco y siete años a 10 y 14 años de duración de los contratos de alquiler.