Los socios de Gobierno han llegado ya a un acuerdo para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda, junto con los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2022. La legislación, que todavía no ha sido aprobada por las Cortes Generales, tiene por objetivo facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos, en un momento en el que los elevados precios del alquiler en zonas tensionadas y la escasez de vivienda no les están poniendo las cosas fáciles.

El caso es que, tras un largo proceso de negociación, la nueva Ley Estatal de Vivienda se postula como solución a los precios disparados en las grandes ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona. Para facilitar el acceso a la vivienda, se pondrá en marcha el sistema de regulación de precios del alquiler, tan temido por los propietarios, y se activarán otras ayudas y medidas complementarias.

Ya sabemos cómo afectará la nueva Ley de Vivienda a los propietarios. Ahora pondremos el foco en los inquilinos. Si eres uno de ellos, atento a las novedades. 

¿Cómo es la nueva Ley Estatal de Vivienda?

Por ahora el texto definitivo de la nueva Ley Estatal de Vivienda todavía no ha sido publicado. Sin embargo, sabemos que el propósito de esta ley es el de bajar los alquileres en las zonas más tensionadas, especialmente el de las viviendas que pertenecen a los grandes propietarios. Los particulares tendrán que congelar los precios, aunque aquellos que dedican reducirlos, podrán acogerse a interesantes deducciones en el IRPF.

Hay que indicar, no obstante, que esta legislación podrá aplicarse en aquellas comunidades que lo hayan solicitado. Primero tendrán que pedir al Gobierno la declaración de zonas de mercado tensionado. Y tras elaborar un mapa con los precios de referencia, los grandes propietarios (sociedades jurídicas que cuenten con más de diez viviendas) tendrán que reducir el importe que solicitan por las rentas del alquiler. Los únicos que no estarán obligados a hacerlo serán las personas físicas, aunque tengan más de diez viviendas en alquiler.

Por otra parte, se espera que a nivel municipal, la futura ley habilite a los ayuntamientos para aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150 % en viviendas vacías. No hay datos sobre las condiciones específicas que deberán reunir esas viviendas, pero sí se sabe que los ayuntamientos no estarán obligados a aplicar esta medida.

¿Cómo afectará a los inquilinos? El bono joven de 250 euros

Vistas las características que por ahora se han dado a conocer de la nueva ley, veamos en qué se beneficiarán los inquilinos. Si la comunidad y el municipio en que residen ha sido declarado zona tensionada, en el momento de alquilar la vivienda tendrán la opción de conseguir un precio más reducido por el alquiler.

Pero es que además, el Gobierno también ha anunciado un bono joven de 250 euros, dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, la población considerada ‘más vulnerable’. Esta prestación podrá complementarse con otras ayudas, de modo que los inquilinos pueden llegar ahorrarse hasta el 40 % del alquiler de su vivienda. Podrán acceder a esta ayuda aquellos que tengan rentas de trabajo inferiores a 23.725 euros anuales (esto serían 1.979 euros al mes en 12 pagas o 1.696 euros al mes en 14 pagas) o tres veces y medio el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)

• A la espera de la aprobación

• El acuerdo entre los socios de la coalición ya es una realidad, pero falta conocer el contenido definitivo de la legislación y, por supuesto, que esta sea aprobada en el Congreso de los Diputados. Hasta entonces, habrá que ser cautos con la información proporcionada hasta ahora por el Ejecutivo, y esperar a que sean también las comunidades autónomas las que indiquen cómo proceder, tanto para la regulación de los precios como para la solicitud de ayudas.