Recientemente el gobierno español cerraba el plazo para las aportaciones sobre la consulta pública previa a la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, una ley que quiere aportar soluciones al problema de acceso a la vivienda a nivel nacional ampliando el parque de inmuebles. Entre las medidas propuestas por esta ley se encuentra la definición del concepto de ‘vivienda vacía’, con el objetivo de empujar a los propietarios a ofrecer sus viviendas sin uso al mercado de alquiler. Una solución que desde FIABCI España consideran insuficiente si no va acompañada de gasto público en vivienda social.
Aumentar el parque de viviendas que tiene por objetivo esta ley se presenta como una solución a este problema, pero “no puede resolverse con la contribución por parte de los propietarios privados, sino con un conjunto de medidas en colaboración entre el sector público y privado”, ha explicado Anna Puigdevall, tesorera de FIABCI España y directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC).
En este sentido, según los datos de 2019, solo el 8,5% de viviendas fueron protegidas respecto el total de viviendas españolas, y solo 1.031 en régimen de alquiler social. “Hemos visto una evolución descendente en los últimos años por lo que respecta al parque de vivienda pública. Solo en los últimos cinco años se ha visto reducida a la mitad. Aumentar el gasto público en vivienda social sería de las primeras medidas a agilizar”, analiza Puigdevall.
¿Qué es la ‘vivienda vacía’?
Por lo que respecta al concepto de ‘vivienda vacía’, actualmente no existe en España una definición para dicho concepto de manera que es imposible cuantificar el número de viviendas vacías que existen. “Definir adecuadamente y de forma inequívoca este concepto este concepto, así como otros relacionados como el de ‘gran tenedor’ arrojará luz a una ley que ya en su fase previa ha generado dudas en el sector inmobiliario”, explica Puigdevall, que también considera que incentivar fiscalmente a los propietarios e inversores ayudaría a la puesta en alquiler de sus viviendas: “Animar a los propietarios mediante incentivos fiscales y redactar esta ley con cláusulas que también protejan al propietario siempre es buena idea y ayudaría a que esta ley fuera percibida en positivo”, añade.
De hecho, el acceso a la vivienda ya sea de comprada o alquilada, es uno de los mayores problemas sociales existentes por el incremento de rentas y por la dificultad de conseguir financiación hipotecaria. Esta ley, que en su fase de consulta ha permitido la participación de entidades sociales del sector, persigue blindar la función social de la vivienda y aumentar el reducido parque público con fines sociales. Al respecto, Anna Puidevall señala que “la seguridad jurídica es fundamental para fomentar la aparición de vivienda vacía en el mercado y fomentar la inversión en la construcción de nueva vivienda”.
