El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ultima un acuerdo fiscal con subidas de impuestos a grandes patrimonios y rentas altas para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. No obstante, recogerá ajustes respecto al acuerdo programático del Ejecutivo y se pospondrá la reforma fiscal en profundidad inicialmente prevista.

Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes del Gobierno, que explican que el acuerdo fiscal para alcanzar una propuesta conjunta de cara a las nuevas cuentas públicas está «muy avanzado» en el marco de la negociación que dirigen la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por parte de Unidas Podemos el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Una nueva propuesta fiscal para subir impuestos

Montero y Álvarez están trabajando en reuniones para ultimar los distintos puntos de la propuesta fiscal conjunta del Gobierno de coalición y las líneas generales del anteproyecto, así como los ajustes que están previstos acometer sobre los cambios impositivos inicialmente previstos y recogidos en el acuerdo programático como consecuencia de la crisis de la COVID-19.

En cualquier caso, las mismas fuentes explican que en dicho acuerdo fiscal se plasmará una mayor carga sobre grandes patrimonios y rentas, por lo que los Presupuestos de 2021 podrían incluir las propuestas sobre estos tributos plasmadas en el acuerdo programático.

Dicho acuerdo contemplaba un incremento al 1% del tipo del Impuestos de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros, así como el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % en Sociedades para las grandes empresas y del 18% para la banca y las petroleras.

En cuanto a las grandes rentas, el acuerdo programático de Gobierno proyecta a una subida de 2 puntos del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de 4 puntos para las de más de 300.000 euros, si bien previsiblemente estos términos de incremento impositivo podrían variar.

Estos cambios impositivos figuraban en el fallido proyecto presupuestario de 2019 y están siendo debatidos, por lo que podrían sufrir modificaciones o incluso su postergación.

Además del alza en Patrimonio, Sociedades e IRPF, el acuerdo programático de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos contemplaba medidas como un gravamen del 5% de los dividendos a empresas, la creación de las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’ (ya en tramitación), la equiparación del diésel con la gasolina o una nueva ley de lucha contra el fraude, entre otros.

A su vez, en junio el Gobierno aprobó también la creación de un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables con el objetivo de reducir su uso, de carácter indirecto y que gravará con 0,45 euros por kilogramo su fabricación, importación y adquisición intracomunitaria cuando vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.

Se pospondrán algunos cambios y la reforma fiscal «profunda»

Este mismo jueves el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aseguró que los Presupuestos de 2021 contendrán «elementos de justicia fiscal y redistribución» para corregir la brecha de recaudación de 7 puntos con Europa y al ser una «orden» del programa de Gobierno firmado por el presidente, Pedro Sánchez, y por él mismo.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que capitanea las negociaciones en el ámbito fiscal, confirmó el pasado martes que el proyecto de PGE incluirá «ajustes» en algunas figuras fiscales, más allá de la creación de las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ ya en tramitación parlamentaria, que permitirán obtener una recaudación «suficiente» para el Estado de bienestar que se marca el Ejecutivo.

No obstante, precisó que se pospondrán algunos de los cambios con alzas impositivas recogidos en el acuerdo programático, así como la reforma fiscal «en profundidad» para «cuando el momento económico acompañe».

Montero también ha asegurado que tiene elaborado el 80% del Presupuesto de 2021 y que la «dificultad» estriba en el 20% restante que se tendrá que discutir con todos los grupos para incorporar las cifras finales de ese consenso al proyecto presupuestario.

De esta forma, el Gobierno de coalición espera cerrar el acuerdo fiscal en el seno gubernamental para iniciar las negociaciones con el resto de grupos con el fin de presentar a la mayor brevedad la nueva senda de déficit, junto al límite de gasto no financiero (‘techo de gasto’) y seguidamente el proyecto presupuestario.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha reconocido que los Presupuestos actualmente en vigor, que datan del año 2018 y fueron elaborados por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, podrían tener que prorrogarse «por un estrecho margen de tiempo» hasta que entrasen en vigor las cuentas de 2021, si bien fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en que la intención es tenerlos listos «en tiempo y forma» para que entren en vigor cuando empiece el año.