El Pleno del Congreso debatirá este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 7 de julio con medidas dirigidas a afrontar los efectos de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. El objetivo es acelerar la reactivación económica, con una batería de medidas en el transporte aéreo, marítimo y de carreteras, vivienda y la prórroga del llamado ‘escudo social’. Este extiende hasta el 29 de septiembre las moratorias en el pago de los préstamos hipotecarios sobre viviendas principales, inmuebles de negocios y en los créditos al consumo.
Pese a estar en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución establece que cada decreto ley debe examinarse en el Congreso para su convalidación o derogación. Si se convalida este miércoles, los grupos pueden decidir su tramitación como proyecto de ley para poder proponer cambios vía enmiendas al decreto ley que recoge medidas por un importe total de 1.770 millones de euros.
Extender la moratoria hipotecaria y el escudo social
El decreto ley alarga hasta finales de septiembre el conocido como «escudo social», las medidas dirigidas a aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos ante la crisis.
En el caso de la moratoria hipotecaria otorgada por los bancos, de hasta 12 meses, que permite compatibilizar los primeros tres meses legales más otros nueve, se permite solicitarla hasta el 29 de septiembre. Al igual que la moratoria sobre créditos al consumo.
Hasta el 30 de septiembre se podrá solicitar la prórroga de seis meses en contratos de alquiler sobre vivienda habitual. También la moratoria o aplazamiento del pago de la renta cuando el propietario sea gran tenedor de vivienda. Además, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional seguirá vigente hasta el 2 de octubre.
Se prorroga hasta el 30 de septiembre la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda. Así como la vigencia del bono social eléctrico, un descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables.
Facilidades para las constructoras en el alquiler social
Por otro lado, el decreto recoge también un conjunto de medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda. Como las facilidades en las condiciones para licitar suelo público que la empresa pública Sepes pone a disposición de empresas privadas para construir y gestionar vivienda de alquiler social durante 75 años. Permitiendo, en determinados casos, que el canon que estas empresas pagan cuando se adjudican la licitación pueda llegar a ser cero.
También en materia de vivienda, permite a las comunidades autónomas que usen el remanente de proyectos que no han llevado a cabo dentro del Plan Estatal de Vivienda para nuevos proyectos también en materia de acceso a la vivienda. De manera que no tengan que reintegrar el dinero no ejecutado al Estado.
