Los grupos del Congreso han decidido darse tiempo para determinar el alcance de la retroactividad de la nueva ley de crédito inmobiliario, ante la falta de consenso que ha generado la última propuesta llevada por el PSOE a la ponencia de esta ley.

Según han informado varias fuentes presentes en la reunión, los grupos han decidido discutir en próximos días esta cuestión, y otras pendientes de resolución, como las comisiones por amortización anticipada y las condiciones de subrogación de hipotecas, y celebrar así una nueva sesión de ponencia. Esta está prevista que se celebre el próximo martes 4 de diciembre.

Esto retrasa una semana más la tramitación de la ley, ya que en esa fecha estaba previsto votar en comisión el dictamen de ponencia y las enmiendas que quedaran ‘vivas’. Los plazos que manejan los grupos es poder remitir el proyecto en el último Pleno del año, entre el 18 y 20 de diciembre.

Cómo evitar la activación de ejecuciones paralizadas

En lo referido a la retroactividad, el Ministerio de Economía ha trasladado este martes a los grupos a través del PSOE una propuesta ante la que la oposición ha pedido más tiempo para estudiar su alcance y cómo podría afectar a los procedimientos de ejecución pendientes de la cuestión de prejudicialidad sobre vencimiento anticipado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según ha explicado el portavoz socialista en la ponencia, Gonzalo Palacín, la propuesta buscaba que «el vencimiento anticipado no se aplicara a operaciones o hipotecas que estén tramitándose en proceso de vencimiento en los juzgados, o hayan sido declarados nulas sus cláusulas de vencimiento».

«Vamos a hacer una evaluación de lo que supone», ha abogado, por su parte, Rafa Mayoral, de Podemos, que cree que es necesario «analizarlo con calma», pese a que consideran necesario «ir más allá» y habilitar procedimientos de compensación. En todo caso, ha valorado positivamente que esté habiendo «varios movimientos» sobre esta y otras cuestiones de la ley, aun considerando «abiertamente insuficiente» el texto que saldrá de ponencia.

Por su parte, el diputado ‘popular’ Carlos Floriano ha señalado que pese a que «el criterio general» es que el contenido de la ley «no sea retroactivo», es necesario trabajar en la redacción para que «no haya redacciones que sean susceptibles de interpretaciones distintas por parte de los tribunales». «Conviene afinar lo más posible la redacción a efectos de evitar problemas futuros», ha dicho.