El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se modifica y mejora el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, cuyas ayudas extiende hasta el 31 de diciembre de 2022, según ha señalado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un comunicado.

En concreto, en este Real Decreto se establecen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual para que puedan acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el Decreto del 31 de marzo por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia.

Así, entre las modificaciones introducidas se encuentra la extensión de la ayuda de adquisición de vivienda a los jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Con lo que, según el Ministerio, «se incrementa la contribución a los objetivos del Reto Demográfico».

Por otro lado, se suspende la exigencia de la suscripción de un Acuerdo entre el Ministerio, la comunidad autónoma y el ayuntamiento correspondiente, con carácter previo a la adquisición de viviendas en las administraciones públicas o sus entidades vinculadas o dependientes, con ayudas del Ministerio. Esto tiene como objetivo acelerar el incremento del parque público de vivienda.

También se incrementa el plazo de concesión de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda hasta el 31 de diciembre de 2022 y se amplía el plazo para la adquisición del compromiso financiero por las comunidades autónomas en la ejecución de cualquier ayuda del Plan de Vivienda, con cargo a los fondos comprometidos por el Ministerio en los ejercicios de 2020 y 2021, hasta el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, respectivamente.

Por otro lado, aumenta el plazo de ejecución de 193 actuaciones de fomento de la regeneración y renovación urbanas, articuladas al amparo del Plan Estatal 2013-2016 y su prórroga, en dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022. Según el Ministerio, esta ampliación ha sido solicitada por las comunidades autónomas y con ella se mantiene la actividad, mantiene y crea puestos de trabajo y «mejora la calidad de vida de los ciudadanos que habitan los ámbitos afectados».

Además, con el real decreto se regula un proceso de verificación y comprobación para garantizar la correcta aplicación de todos los préstamos avalados y subvenciones del Estado para arrendatarios vulnerables como consecuencia de la pandemia.