El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con más de 30 medidas económicas, entre las que se incluye prorrogar durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo. Así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral. Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño.

La norma contempla además el acceso a las prestaciones por desempleo de los trabajadores que, estando en periodo de prueba, vieron extinguido su contrato laboral a partir del 9 de marzo. Y de quienes extinguieron voluntariamente su contrato de trabajo a partir del 1 de marzo por contar con otra oferta laboral en firme que finalmente decayó.

«Se completa así el derecho de acceso a las prestaciones por desempleo de un conjunto de trabajadores que habían quedado excluidos de los Reales-Decreto leyes anteriores», ha destacado Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Modificación de los ERTEs realizados por el coronavirus

Asimismo, el Gobierno ha modificado la regulación de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs) por fuerza mayor para que puedan acceder a ellos aquellas empresas que pertenecen a sectores esenciales, pero cuyos ingresos se han visto mermados por la restricción de la movilidad. Ahora se les permitirá presentar un ERTE para incluir a trabajadores no indispensables para su actividad esencial.

Calviño ha informado además de que el decreto contempla también una rebaja de cotizaciones para determinados trabajadores agrarios que tengan periodos de inactividad este año. Así como una simplificación del procedimiento para aplazar las deudas de la Seguridad Social.

«El teletrabajo ha sido tremendamente eficaz» durante la crisis del coronavirus

La prioridad del teletrabajo en la pandemia del coronavirus y el impulso a la adaptación o reducción de jornada fueron aprobados por el Gobierno en el Real Decreto-ley de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Calviño ha subrayado que la decisión de prorrogar el carácter preferente del teletrabajo, siempre que sea posible, se debe a que ha demostrado ser una medida «tremendamente eficaz» para dar continuidad a la actividad económica en una situación excepcional como la actual. «Ha sido una de las principales lecciones de esta crisis», ha dicho la vicepresidenta.

Para dar apoyo a esta modalidad laboral, la ministra ha recordado que se han flexibilizado los requisitos y se han habilitado desde el Gobierno distintas medidas de financiación para tratar de apoyar a las empresas en su puesta en marcha.

En el artículo 5 del decreto del pasado 17 de marzo se establecía el carácter preferente del teletrabajo frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. Así, con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en los que no estuviera previsto, el Gobierno determinaba en dicho artículo que se entendía como cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos con carácter excepcional a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador.

El otro artículo que el Gobierno ha aprobado prorrogar durante dos meses es que el permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado). Siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.

Medidas específicas para personas con dependientes a cargo

En el Real Decreto-ley de 17 de marzo, el Gobierno señalaba su intención de velar por las personas que tienen dependientes a su cargo, de hasta un segundo grado de consanguinidad. Se trata de que puedan organizar su tiempo de trabajo de la manera más satisfactoria para poder atender sus obligaciones de guarda y cuidado.

La norma considera como causa excepcional las decisiones adoptadas por las autoridades gubernamentales que impliquen el cierre de centros educativos o de cualquier naturaleza. De este modo, se establece en dicho artículo que las personas trabajadoras puedan reducir hasta el 100% de su jornada. O reorganizarla para poder afrontar este cierre de centros educativos o centros sociales de atención.

A este derecho pueden acogerse trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho. Así como respecto de los familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado.

La reducción de jornada debe comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación. Esta, según el Gobierno, «es una medida fundamental para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad y se entenderá como el derecho individual de cada uno de los cuidadores».

«Las modificaciones de jornada deberán solicitarse de manera justificada, razonable y proporcionada para acomodarse a las necesidades de organización de la empresa y se limitarán a la duración del periodo excepcional», recoge el Real Decreto de 17 de marzo.