El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado a información pública una propuesta de Real Decreto para reducir la volatilidad de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), con el fin de aportar una mayor estabilidad a una tarifa que se ha visto especialmente impactada por la volatilidad del mercado eléctrico en el último año dando mayor peso a las referencias a los mercados de futuros, que crecerán progresivamente hasta representar el 55% en 2025.

En concreto, la propuesta plantea incorporar a la fórmula de cálculo del PVPC -contratada por los titulares de unos nueve millones de puntos de suministro, el 35% del país- una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

Indexado a los precios diarios del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), el PVPC ha sido la opción más barata para los pequeños consumidores desde su creación en 2014. Sin embargo, esta relación directa con los precios mayoristas a corto plazo ha llevado a que sus variaciones, con acusados picos y alzas por la guerra en Ucrania en los últimos tiempos, se reflejen automáticamente en las facturas finales.

Para evitar este efecto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera plantea reducir progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario y tener en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo del MIBEL, donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros.

Así, de acuerdo con la propuesta, la oscilación de precios -la variación entre el registro máximo y el mínimo- se reduce un tercio, pasando del 27% al 17% durante la jornada diaria, y del 23% al 16% en la media mensual durante el año completo.

Además, los precios diarios del MIBEL representan el 100% de la referencia del PVPC y el Gobierno propone que esa proporción se vaya reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representen el 25% en 2023, el 40% en 2024 y el 55% en 2025.

Una orden ministerial podría modificar esta distribución e incorporar, en su caso, una referencia a las subastas de energía inframarginal, gestionable y no emisora.

Estas referencias de precios a los mercados a plazo, a su vez, estaría integrada por una cesta de indicadores con distinto horizonte temporal: el 10% correspondería al producto mensual, el 36% al producto trimestral y el 54% al producto anual.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señaló que con esta combinación de señales a corto, medio y largo plazo, «se conseguiría salvaguardar la variación de precios del mercado diario, incentivando el desplazamiento de la demanda a las horas más baratas, con mayor producción renovable, a la vez que se lograría una mayor estabilidad».

El mecanismo ibérico daba mandato a su modificación

El Real Decreto-ley por el que se aprobó el pasado mes de mayo el mecanismo ibérico, por el que Bruselas permitía a España y Portugal la excepción de limitar el precio del gas y rebajar la electricidad, ya incluía el mandato de modificar la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario.

En ese Real-Decreto, el Gobierno se comprometía a realizar, antes de este 1 de octubre, «las modificaciones necesarias en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, para introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando en la formulación de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor una componente de precio basada en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario». No obstante, se preveía ya que la nueva metodología se empezara a aplicar desde el inicio de 2023.

Unos nueve millones de consumidores se encuentran actualmente acogidos a la tarifa regulada (PVPC) -entre ellos los consumidores vulnerables-, frente a los más de 19 millones que disponen de un suministro a precio fijo, que permite mantener los precios acordados hasta la fecha de revisión de sus contratos.

De hecho, ya a lo largo del final del año pasado se experimentó un incremento importante en el trasvase de clientes con tarifa regulada al mercado libre ante las oscilaciones al alza en el mercado eléctrico.