El Sindicato de Inquilinos ha advertido en el Congreso de que la regulación de los precios del alquiler contenida en la Ley por el derecho a la vivienda, tal y como está planteada actualmente, no va a ser efectiva para asegurar precios asequibles.

Así, el representante de esta organización en Madrid, Pablo Martínez, ha exigido en su comparecencia ante la Comisión de Transportes, dentro de la ronda de intervenciones para explicar el proyecto remitido por el Gobierno, que la regulación se aplique a partir de la aprobación de la ley, incluya sanciones ante posibles incumplimientos e incumba a todos los caseros, sin distinguir cuántas viviendas tenga en propiedad.

«Si especula y ofrece alquileres abusivos habrá que obligarle a bajarlo, tenga 20.000 viviendas o 5″, ha dicho, reivindicando además una rebaja de las condiciones para declarar una zona tensionada, y que esta declaración no dependa de la voluntad o no de las comunidades autónomas por aplicar la regulación de precios.

Martínez ha defendido que, lejos de reducir la oferta, los municipios con el precio del alquiler intervenido han registrado un aumento en el número de contratos, superior incluso al de los municipios sin regulación: «No pedimos una ley extraterrestre, en Nueva York se utiliza. No creo que sea raro pedir que se pueda emular una regulación como la que tienen en Estados Unidos, Francia, Austria, Suecia o Suiza», ha argumentado.

«Es un expropiación sin compensación»

Además del Sindicato de Inquilinos, varios catedráticos han puesto en duda la viabilidad legal del proyecto, apuntando a la inconstitucionalidad de varios de sus preceptos. Uno de ellas competencial, señalando que las políticas en materia de vivienda son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero también, a juicio del catedrático Sergio Nasarre, por alterar la naturaleza de la vivienda como objeto de propiedad privada.

«Si se aprueba, ya no seremos propietarios, sino una especie de tenencia tutelada por el Estado, en la que el legislador de turno irá diciendo qué se puede hacer y qué no con las propiedades en cada caso», ha explicado el catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili.

Nasarre ha llegado a calificar este cambio como «una expropiación sin compensación», pues «de un día para otro dejarán de ser propietarios de sus casas y pasarán a tener una serie de tutela del Estado», ha dicho, comparando la regulación sobre vivienda con la que existe para las minas, los bosques o el agua.

«El Estado no puede desarrollar una política propia»

Por su parte, Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona, ha anticipado una anulación de la norma por parte del Tribunal Constitucional «si sigue su doctrina, que tampoco es clara y nítida», al apoyarse exclusivamente en preceptos constitucionales transversales, cuya utilización ha acotado el Alto Tribunal.

Trayter ha señalado también cómo definiciones de la nueva Ley de Vivienda chocan con las ya existentes en normas autonómicas y que medidas como la reserva del 50% para vivienda protegida puede causar problemas de seguridad jurídica cuando el mínimo anterior era del 10% en núcleos urbanos.

«El Estado no puede desarrollar una política propia, nos guste o no», ha esgrimido este catedrático, señalando que esa es la razón, y no otra, por la que hasta ahora no ha habido una Ley de Vivienda en España, y que, más allá a la regulación sobre las condiciones del alquiler, la fiscalidad o medidas de fomento y transferencia de recursos, esta competencia es exclusiva de las comunidades.

La regulación responde a un «escaqueo» de la administración

Finalmente, Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, ha llegado a poner en duda que los precios del alquiler sean elevados –«Es falso, llevan dos años cayendo», ha dicho– y ha explicado que el intento de regulación de precios en un «escaqueo» de los poderes públicos en afrontar con recursos los problemas de acceso a la vivienda.

Por ello, ha defendido actuar con inversiones en el mercado del alquiler y no «suplantar» o «entorpecer» el mercado como, a su juicio, hace la regulación de precios. «El problema es de oferta y esta legislación desanima la oferta. ¿Cómo no van a subir los precios?», se ha preguntado.

Así, ha pedido facilitar la construcción y el sistema de concesión de licencias, bajar su fiscalidad y cuidar cualquier cambio en los términos de contratación, asegurando que una supuesta protección de la parte más débil acabará afectándola en los nuevos contratos. Asimismo, ha criticado el tratamiento diferenciado, endurecido, a las grandes empresas. «Si tenemos que ir a un modelo de grandes empresas», ha dicho, asegurando que esta diferenciación «no es que sea medieval, es que es prehistórico».