El número de rehabilitaciones de viviendas en España en la actualidad se limita a 30.000 edificios al año, un número que el Gobierno califica de «muy bajo» y por el que ya se ha puesto como objetivo elevar a 300.000 para el año 2030, lo que supone multiplicar por 10 la tasa actual.
Así lo ha detallado el coordinador de la Dirección General de Vivienda y Suelo, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Luis Vega, que ha señalado que el componente energético en rehabilitación en España sigue siendo «escaso», limitándose las intervenciones ahora a la conservación.
Durante su participación en la jornada ‘Eficiencia energética y rehabilitación de edificios’, organizada por Fundación Alternativas, Vega ha destacado la importancia de profundizar en las intervenciones y ser «ambiciosos» para conseguir en 2050 la descarbonización del parque edificado, lo que implica «reducir las emisiones desde ahora».
Una de las ventajas de la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España es la de modular las ayudas en función de los objetivos que se consigan, siendo las intervenciones «fuertemente financiadas», por lo que el Ministerio cree que es el momento de apostar por ello.
Para el coordinador, este plan nace de un análisis que ha identificado un conjunto de barreras y prevé actuar en el ámbito normativo y fiscal o mediante la introducción de una línea de avales para que los bancos tengan mayor disposición al otorgamiento de créditos a las comunidades de propietarios.
Según el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, la industria de la construcción, junto a los consumos necesarios para mantener operativos los edificios, son responsables del 38% de las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía.
En este contexto, Fundación Alternativas asegura que la intervención sobre el entorno edificado se presenta como «un gran reto y una gran oportunidad», ya que el patrimonio edificado español asciende a 35,5 millones de edificios, de los que el 67% son viviendas con más de 40 años de antigüedad, y porque abre una oportunidad para disminuir las emisiones contaminantes.
