La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que el Gobierno ha aprobado un decreto, realizado por 9 ministerios, con el fin de prorrogar durante tres meses las medidas económicas y sociales que de otra forma decaerían con la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo.

En este decreto se incluye una prórroga de tres meses, hasta el 9 de agosto, de las medidas de protección «excepcional» en materia socioeconómica, ya que muchas de ellas necesitaban soporte legal para mantenerse en el tiempo.

Se trata, según Carmen Calvo, del bono social para hacer frente a la pobreza energética, de las medidas protectoras en materia de vivienda –entre las que se incluía la prohibición de los desahucios mientras dure la pandemia– e incluso algunos asuntos que a lo largo de estos meses han empezado a dar «problemas», como pueden ser la obligación que hay en la ley de la propiedad horizontal de hacer las reuniones de las comunidades de propietarios en términos presenciales.

Estas medidas se añaden a la decisión del Ejecutivo de incluir en ese decreto una regulación que va a permitir que las CCAA puedan recurrir en casación ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías, con el fin de unificar criterios para seguir luchando contra la pandemia.

La vicepresidenta primera también ha destacado otras dos medidas que se han incluido en este decreto, como la posibilidad de seguir contando con médicos jubilados y su compatibilidad con sus pensiones, porque han sido movilizados por las CCAA y han realizado un trabajo «extraordinario» que puede continuar en el tiempo.

Según Carmen Calvo, este decreto significa que todos los ciudadanos pueden estar tranquilos ante el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo.