elconfidencial.es, José Antonio Navas, 25 de julio – El Ministerio de Hacienda ha descubierto un verdadero ‘tesoro’ oculto en el Catastro, cuya regularización iniciada en 2014 ha culminado su primera fase el pasado 20 de julio con unos resultados realmente estremecedores. El fraude en el padrón urbano y rústico de los municipios es de los que hacen época porque solamente en estos dos años y medio se ha descubierto un fraude de casi 1,7 millones de inmuebles en un total de 4.340 localidades repartidas por toda España, a excepción de las comunidades forales del País Vasco y Navarra.

Los ayuntamientos son los grandes beneficiarios de este programa de actualización catastral que abarca a un total de 6.331 municipios, un 83 % de todos los que existen en España. De esta cifra, la regularización está ya culminada en 4.154 localidades, en tanto que se mantiene en curso en otras 456 y ha sido iniciada recientemente en 1.721. Las inspecciones efectuadas mediante sistemas de vigilancia espacial, que incluye la utilización de drones, han alcanzado al 82 % de los inmuebles de todo el territorio nacional.

Aparte de la tasa de 60 euros que cobra el Catastro por cada inmueble, el principal ingreso fiscal que se deriva de estas actuaciones reside en la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles, el célebre IBI que perciben los ayuntamientos. De acuerdo con los datos oficiales de Hacienda, la recaudación extraordinaria acumulada durante los dos últimos años y medio gracias al plan de regularización asciende a 1.254 millones de euros, lo que supone un resultado superior en un 24 % a las previsiones establecidas inicialmente.

Este importe ayuda a explicar la satisfactoria evolución de las corporaciones locales en España, que alcanzaron el pasado año un superávit de 4.765 millones de euros, equivalente al 0,44 % del PIB. Todo ello en un ejercicio saldado por el conjunto de las Administraciones Públicas con un déficit del 5,08 %. En 2016 el objetivo previsto dentro del Programa de Estabilidad que se negocia con Bruselas establece un nivel del 0% para las entidades locales, si bien los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) han llegado a estimar un nuevo superávit entre el 0,3 y el 0,6%.

Los ayuntamientos han encontrado en la actualización del Catastro una fuente permanente de recursos, que se inscribe dentro de la política de lucha contra el fraude fiscal emprendida por el Ministerio de Hacienda. No en vano, el número de inmuebles que han sido aflorados para el gravamen municipal equivale al 8,6% de todos los activos inmobiliarios hasta ahora inscritos en el padrón. De esta manera, el registro administrativo de cada municipio se incrementa en un 3%, lo que garantiza una recaudación por IBI que supone 16 euros de ingresos por cada euro invertido en el plan de regularización.

Las cifras en poder de Hacienda demuestran que dentro de los 4.154 municipios que han culminado el programa de inspección un 69 % de la omisiones regularizadas se corresponden con nuevas construcciones (33 %), ampliaciones y rehabilitaciones (31 %) y piscinas sin declarar (5 %). Otro 29 % adicional se debe a reformas y cambios de uso que también constituyen un tipo de fraude bastante corriente en España. Los activos aflorados por el Catastro se extienden por toda la geografía nacional, con especial incidencia en Andalucía, que suma más de 373.224 inmuebles regularizados tanto urbanos como rústicos; Galicia, con 213.017; Castilla y León, con 164.141; Comunidad Valenciana, con 149.749; Castilla-La Mancha, con 141.135, y Cataluña, con 130.115.

Los resultados económicos derivados de ingresos obtenidos por IBI muestran, sin embargo, una mayor concentración en su distribución por comunidades autónomas. En concreto, los ayuntamientos andaluces han contabilizado un incremento total de la cuota íntegra del impuesto de casi 307 millones de euros, en tanto que los municipios de la Comunidad Valenciana han conseguido 141 millones adicionales y los de Cataluña otros 138 millones. Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha suman 92 millones mientras que los de Galicia recaudan poco más de 90. La Comunidad de Madrid ha obtenido 38,8 millones adicionales para las arcas de sus municipios, donde se han regularizado cerca de 50.000 inmuebles.

El reparto por provincias sitúa a Lugo como la primera localidad de España en número de inmuebles que han sido regularizados (85.289), seguida de Málaga (69.926) y La Coruña (68.702). A continuación figuran Alicante (66.333) y Valencia (61.679). El top-ten municipal lo completan Badajoz (60.582), Sevilla (59.986), Córdoba (59.256), Toledo (58.570) y Santa Cruz de Tenerife (50.143). En cuanto a las dos grandes capitales, Madrid suma 49.864 inmuebles mientras que Barcelona contabiliza 48.974 omisiones descubiertas estos dos años y medio por el Catastro.

En recaudación el premio gordo se lo lleva Alicante (73,8 millones) por delante de Málaga (62,5) y Barcelona (60,8). A continuación aparecen los ayuntamientos de Murcia (59,2), Córdoba (52,5), Valencia (47,3), Las Palmas (46,6) y Cádiz (46,1). La lista de los diez mayores beneficiarios la cierran Sevilla (45,3) y Santa Cruz de Tenerife (42,8). En total, los ingresos por incremento total de la cuota íntegra del IBI en las localidades terminadas de regularizar alcanzan una cifra de 1.206 millones de euros. Toda una veta que, a buen seguro, seguirá produciendo ‘mineral’ a medida que avance y culmine el proceso en los otros 2.177 municipios que todavía permanecen bajo la lupa de Hacienda.