El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, cree que intervenir los precios del alquiler es una medida que está «alejada de la realidad del mercado», según ha apuntado en un comunicado.
«Podemos está presionando para intervenir ya los precios de los alquileres, cuando el mercado de alquiler experimenta una bajada considerable de las rentas, situándose a niveles de 2018 y mejorando el acceso a la vivienda», ha remarcado.
En concreto, Zurdo ha señalado que los precios de los alquileres han caído entre un 10% y un 15% en comparación con los últimos dos años. Así, ha apostillado que «el mercado del alquiler se está autorregulando en función del aumento considerable de la oferta de viviendas que se están incorporando al mercado y la ralentización de la demanda».
Para Zurdo, una intervención de los precios en estos momentos de desajuste a la baja, podría ocasionar alteraciones importantes que podrían provocar la paradoja de que los precios intervenidos fueran más altos que los que exige la actual demanda a la baja, porque todavía no se sabe qué recorrido tiene y hasta cuando seguirán cayendo los precios de los alquileres.
Se reducirá la oferta
«Además esta posible intervención, alentada por Unidas Podemos, podría dar lugar a una contracción importante en la oferta que haría repuntar los precios», ha alertado Zurdo. Y ha subrayado que a los arrendadores les está costando trabajo aceptar este reajuste de precios actual, pero que lo están aceptando «porque el propio mercado lo demanda y porque no viene impuesto».
De hecho, Zurdo considera que si en estos momentos además hubiera imposición gubernamental, la reacción más probable de muchos arrendadores sería la de retirar las viviendas del mercado. Por último, ha pedido al Gobierno que no se deje presionar para aprobar los Presupuestos y que saque de la negociación el control de los precios de los alquileres.
También le ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se mantenga «firme» y recurra ante el Tribunal Constitucional la ley que limita las rentas de los alquileres en Cataluña, «por haberse aprobado de forma ilegal» y sin contar con la autorización del Cuerpo de Letrados de la Generalitat ni del Consejo de Garantías Estatuarias.
