Cinco Días, Juande Portillo, 18 de febrero – La Asociación Hipotecaria Española se opone frontalmente a aprobar una dación en pago generalizada pero admite la necesidad de regular el sobreendeudamiento de las familias para que aquellas con demostrada insolvencia sobrevenida puedan saldar la deuda con sus propiedades presentes. La AHE también rechaza limitar las hipotecas a 30 años y propone intereses de demora variables.
«El porcentaje de personas que están a punto de ser desahuciadas es muy pequeño, y lo que no puede ser es que por ese porcentaje se quiera cambiar la morfología de todo el sistema hipotecario», argumentó ayer el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, al rechazar, «de forma rotunda», la fórmula de la dación en pago que incluye la Iniciativa Legislativa Popular que tramita el Congreso.
La AHE, que representa al grueso de bancos y cajas del país, advierte que saldar la deuda hipotecaria únicamente con la entrega de la vivienda «perjudicaría a la credibilidad de España como país y a la viabilidad del sistema financiero», y «limitaría la concesión de crédito» al que puede aspirar una familia para comprar casa. El lobby bancario, sin embargo, está dispuesto a avalar otros cambios en la legislación.
Es el caso de una ley de sobreendeudamiento familiar, o de segunda oportunidad, como se la ha conocido en Francia, que la AHE reclamó ayer como «una necesidad». Se trata de equiparar a los particulares reconocidos como insolventes con las empresas que se acogen al concurso de acreedores, para que puedan hacer frente a sus deudas con un plan de pagos, que en algunos casos podrían concluir con la entrega de llaves de la vivienda.
Esta medida, aprobada ya en la mayoría de países europeos, fue de hecho uno de los pilares maestros de la propuesta de ley registrada por el PSOE que el PP rechazó para impulsar su propia reforma hipotecaria. «La segunda oportunidad no se regala», matizó, aun así, González, explicando que el insolvente entraría en una suerte de listado de morosos del que tardaría cinco u ocho años en salir.
La banca, en todo caso, contaba con participar en el desarrollo de una medida de este tipo a medio plazo, que de hecho ya han comenzado a estudiar, pero consideran que un cambio semejante requiere «reflexión». Más allá de eso, la AHE considera precipitada la reforma hipotecaria que ultima el Gobierno y sus miembros acogieron con estupor la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular sobre dación en pago, aunque confían en que no prospere. «Es como preguntar a la gente si quiere que le bajen los impuestos», ilustró González, que considera que la medida acabaría con «uno de los mejores sistemas hipotecarios de Europa».
Las dificultades que atraviesan las familias que están siendo desahuciadas, alegó, son un «problema social» que debe resolver el Gobierno, no la banca. En todo caso, el sector financiero considera que ha hecho su parte al conceder una moratoria hipotecaria de dos años para los colectivos más vulnerables, aunque desconocen el número de beneficiados, y con la creación de un parque social de vivienda con 6.000 inmuebles. Las entidades habrían aprobado además entre 40.000 y 50.000 daciones en pago voluntariamente.
Aunque sin entusiasmo, la AHE sí que considera aceptables algunas de las modificaciones que el Gobierno ha dibujado para la ley hipotecaria a través de las enmiendas parciales del PP, como las mejoras en la transparencia de los contratos o el esfuerzo por desligar a las tasadoras de la banca. En el caso de la limitación de los intereses de demora, que el Ejecutivo prevé limitar a tres veces el precio del dinero (hoy en el 4 %) frente a cifras que superan actualmente el 20 % en algunos casos, González se mostró de acuerdo en lo oportuno de «actualizar» estos márgenes, pero propuso algún tipo de sistema variable.
La AHE no comulga, sin embargo, con el planteamiento del Gobierno de limitar a 30 años el plazo máximo de una hipoteca, y confían en que este punto no quede plasmado en la nueva legislación porque coartaría «la libertad» de las partes contratantes. Finalmente, la AHE criticó que se hable con ligereza de «cláusulas abusivas» cuando hay condiciones, como el «suelo y techo» del precio, que son perfectamente válidos porque «no son compensatorias».
Santos insta a crear un plan de vivienda de alquiler
«El planteamiento de que hay que modificar la ley para ver cómo se pueden quitar de en medio las hipotecas es erróneo», sostuvo ayer el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González. En su opinión, los esfuerzos de los responsables políticos deberían centrarse en alcanzar un pacto de Estado sobre el futuro desarrollo inmobiliario. «En España no existe una política social de vivienda, pues siempre ha sido la política de uno contra la política de otro», expuso, en alusión a las medidas tomadas por los Ejecutivos del PSOE y del PP. «Solo han hecho vivienda protegida y compitiendo con la vivienda libre», criticó.
Desde la Asociación Hipotecaria consideran que mientras tanto, el «gran problema» del país es la «distorsión» del mercado inmobiliario, en el que el alquiler no se ha consolidado como una opción verdaderamente atractiva. «No es que a los españoles les guste más comprar viviendas, es que no hay otra alternativa», aseveró González, instando a las fuerzas políticas a abordar este problema. Para González, lo interesante es que se constituya un parque de vivienda en alquiler, que debe plantearse ya para que esté operativo en unos años, y que podría ser impulsado por el Estado mientras los inversores privados no estén interesados en desarrollarlo. «Se solucionará cuando Sareb coloque sus pisos», vaticinó. Hasta entonces, y teniendo en cuenta que «las entidades no quieren ser caseros», como consideró comprensible, el Gobierno debería adelantarse y comenzar a trabajar en potenciar el arrendamiento de inmuebles y en crear un stock de vivienda social. «Una política de alquiler así no se improvisa», concluyó González.
