Las cooperativas de vivienda en España han reclamado una mayor seguridad jurídica para su actividad, que defienden como un modelo «excelente» para permitir el acceso a una vivienda asequible. Consideran que la legislación actual ha quedado «obsoleta».

Así lo han asegurado varios representantes de cooperativas durante su participación en un encuentro informativo organizado por ‘Lamadredelascooperativas’ (Lacoop), en colaboración con Europa Press. Allí han hecho hincapié en la necesidad de revisar varias cuestiones relativas a la legislación en materia de vivienda.

En concreto, el consejero delegado de Lacoop, Augusto Abril, ha explicado que si el modelo cooperativo se explica bien, «tiene éxito, ya que supone una forma excelente de acceder a la vivienda». E insiste en que «si no fuera por los retrasos y las dificultades que se encuentran las gestoras, funcionaría de maravilla».

Por ello, Abril ha incidido en que el sector de las cooperativas va a intentar ayudar a dinamizar la vivienda. Y colaborar «en todo lo posible» para que sigan activas y que los ciudadanos puedan acceder a ella.

En este sentido, el director general de Prygesa, Roberto Boluda, ha señalado que las modificaciones realizadas en los planes de vivienda han endurecido el acceso a la vivienda protegida para evitar la especulación. Algo que considera positivo, pero que también ha provocado que haya familias que se hayan quedado fuera.

Por esta razón, Boluda ha insistido en que se tiene que permitir que las familias puedan cambiar una vivienda protegida por otra si cambian sus circunstancias. Como, por ejemplo, que crezcan los miembros de la unidad familiar. O que los mayores necesiten otra tipología de vivienda adaptada a sus necesidades.

Pese a que cree que el sector ha ganado en profesionalización en los últimos años, Boluda ha hecho hincapié en que la legislación es «antigua». Las leyes de cooperativas han quedado «obsoletas», lo que les ha supuesto tener que afrontar sobrecostes. «Hay cuestiones que hay que revisar, hay que adaptarlas a las actuales circunstancias», ha añadido.

«Modelo sostenible y adaptado a las necesidades»

El presidente de la Asociación de Gestores de Vivienda (AGV), José Luis Grajera, también ha subrayado esta idea, diciendo que la normativa de las cooperativas «ha quedado anticuada». Ha pedido a las administraciones una regulación «clara» y que no las veten como promotores de vivienda en alquiler.

En este sentido, Grajera ha defendido este modelo por encima de otros ya que «se gasta el dinero en un buen proyecto, que es sostenible. Y es el que mejor se adecúa a las necesidades de las personas, ya que agrupan a gente que necesita vivienda».

Una de las barreras que se encuentran las cooperativas es el entramado burocrático de las entidades locales, que son las encargadas de otorgar las licencias. Sobre este asunto, piden una simplificación de las normas. Y que los ayuntamientos cuenten con ellos.

Asimetría territorial

En el encuentro también ha estado presente el director de Negocio Promotor de CaixaBank, Oriol Forner, quien ha aludido a la «tremenda asimetría territorial» del modelo de las cooperativas. «En Madrid funciona muy bien, pero en otras zonas prácticamente ni existe», ha declarado.

Respecto a la evolución de las condiciones financieras para acceder a la vivienda, Forner se ha mostrado «optimista» en un contexto de crecimiento del sector amparado en la demanda embolsada en los últimos años que todavía no había sido atendida. «Las condiciones son buenas, se sigue generando empleo y ahorro y tenemos intereses muy bajos, nunca tan bajos«, ha añadido.

En cuanto al obstáculo que podría suponer la actual epidemia de coronavirus en el crecimiento del sector, Forner ha admitido que dependerá del tiempo que se prolongue la crisis. «Si se supera en un tiempo corto, no afectará mucho. Si se prolonga, quizá afectaría a la vivienda y a muchas otras cosas», ha matizado.

Eliminar duplicidades

Desde el Gobierno, ha intervenido el director general de vivienda y suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín, que ha destacado la finalidad social de las cooperativas, que considera «esenciales» para dar una oportunidad a las familias que se han visto expulsadas de la compra. «Ahora ni siquiera pueden acceder al alquiler en determinadas zonas».

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, José María García, ha vuelto a remarcar que la región «jamás aplicará ninguna limitación de precios porque va a provocar el efecto contrario».

García cree que lo importante es eliminar duplicidades y generar una situación socioeconómica que permita a los ciudadanos tomar decisiones de manera libre, de forma que se incremente la oferta. Y se produzca un equilibrio con la demanda que acabe determinando los precios.