Los sindicatos de inquilinos han instado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a que regule los alquileres en un próximo paquete de medidas anticrisis que el Gobierno pudiera adoptar para hacer frente a la escalada de precios.

Representantes del Sindicat de Llogateres de Catalunya y el Sindicato de Inquilinas de Madrid se han reunido esta mañana con el Secretario General de Vivienda, David Lucas, para exigirle que se tomen medidas urgentes para acabar con las subidas de alquiler en pleno contexto de inflación.

En primer lugar, exigen la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones en las finalizaciones de contrato. En segundo lugar, creen que las actualizaciones interanuales de los precios del alquiler, antes vinculadas con el IPC y ahora limitadas al 2%, deben eliminarse, es decir, pasar al 0%. Por último, exigen revertir las actualizaciones de alquiler realizadas desde el 31 de octubre del 2021 hasta marzo de 2021.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana agradecen las aportaciones de los sindicatos y comparten la importancia de seguir avanzando el medidas y normas que garanticen el derecho a una vivienda digna para todas las personas.

El Ministerio ha destacado durante la reunión que están vigentes, hasta el 31 de septiembre, importantes medidas coyunturales como la limitación al 2% de la subida de los alquileres para las actualizaciones de contratos y la paralización de los desahucios.

Además, según han destacado fuentes del Departamento que dirige Raquel Sánchez, para el Ministerio es prioritario sacar adelante la primera Ley de Vivienda de la democracia, que establece las condiciones básicas para favorecer el acceso a la vivienda, garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes relacionados con la vivienda y la de su propiedad.

Durante el encuentro, el Ministerio ha recordado al Sindicat que dicha Ley se encuentra en estos momentos en el Congreso de los Diputados en el proceso de negociación de enmiendas. Se trata de una tramitación larga y laboriosa, ya que la norma ha recibido más de 800 enmiendas.

Pese a ello, desde el Ejecutivo reiteran su voluntad de seguir trabajando para introducir mejoras y avances en la Ley de vivienda siempre dentro del respeto al espíritu de La ley y el respeto a los límites competenciales de las comunidades autónomas.

En ese sentido, ha trasladado al Sindicat que es en el marco de esa negociación parlamentaria donde se deben abordar algunas de las reclamaciones del colectivo, respetando el trabajo de los diferentes grupos políticos.

«Este proyecto de ley sigue estancado debido al inmovilismo del PSOE en el proceso de negociación con los grupos parlamentarios de los cuales depende la aprobación de la norma», han denunciado desde los sindicatos a través de un comunicado.