La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha manifestado su preocupación por el impacto que la nueva oleada de consolidación bancaria puede tener en el nivel de competencia y en el acceso a los servicios financieros en España.
En este sentido indica que de las seis grandes entidades que sobrevivieron al proceso de fusiones de la última crisis financiera (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Popular y Sabadell) podrían quedar únicamente tres si se materializan las fusiones de CaixaBank y Bankia y de BBVA y Sabadell.
Para la asociación, la fusión entre entidades y la consecuente desaparición de un competidor «es, a priori, una mala noticia en un mercado ya de por sí bastante concentrado», pues limita las posibilidades de elección de los consumidores al no existir en la práctica «un auténtico mercado europeo de servicios financieros».
Según ha advertido, a raíz de estos procesos podrían verse incrementados los precios de los servicios financieros a medio y largo plazo, al tiempo que la reducción de oficinas «probablemente agravará el riesgo de exclusión financiera en que se encuentran muchas zonas de España que no tienen un acceso adecuado a los servicios financieros presenciales».
Entre los efectos inmediatos para los clientes, OCU ha apuntado que los usuarios con fondos en ambas entidades ya no tendrán 200.000 euros protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, sino 100.000, al ser una única entidad.
Para evitar el deterioro de la competencia y el riesgo de exclusión financiera que pueden provocar las fusiones, OCU ha pedido a las autoridades que «estén vigilantes».
En concreto, reclama que impulsen medidas que eviten la exclusión financiera a la que puedan verse abocadas personas de mayor edad o con una menor cultura digital residentes en localidades sin oficinas bancarias para las cuales el uso de la banca electrónica pueda ser problemático.
Asimismo, ha pedido que fomenten la competencia dentro de Unión Europea, facilitando la entrada a nuevas entidades competidoras en España que puedan traer productos financieros «interesantes» para los consumidores españoles, siempre que ofrezcan a sus clientes niveles de protección homogéneos a los de una entidad española.
