Unidas Podemos, que comparte el Gobierno con el PSOE, ha registrado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 junto con ERC y EH-Bildu para frenar todo desahucio sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2022. También todo corte de suministro básico, como electricidad, gas natural o agua.
Con esta enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, estas formaciones buscan asegurar que no se produce ningún tipo de lanzamiento durante el estado de alarma, si bien prolonga durante dos años esta medida, a la espera de la entrada en vigor de la nueva Ley de vivienda.
Asimismo, la enmienda recoge una modificación legislativa para evitar hasta mayo de 2024 cualquier lanzamiento de personas sin alternativa habitacional cuando la titularidad de la hipoteca ejecutada hubiera sido traspasada a otra persona física o jurídica.
Esta enmienda viene a modificar la moratoria hipotecaria aprobada en 2013 por el entonces Gobierno del PP para, explican estas formaciones, «evitar las conductas tendentes a eludir la protección de los deudores» que suponen en «enmascaramiento tras otras mercantiles para instar procedimientos judiciales que eviten la obligación de respetar la moratoria de lanzamientos».
La formación morada muestra así sintonía con Bildu y ERC en materia social y de vivienda, formaciones que conformar el ‘bloque de investidura’ y que deben tener prioridad a la hora de negociar las cuentas públicas.
Podemos espera sumar al PSOE
Unidas Podemos, por medio de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias, ya reclamó en el seno de la coalición que el Gobierno impida «de forma efectiva» los desahucios y los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma.
Concretamente, planteó a la parte socialista del Ejecutivo la necesidad de articular medidas normativas encaminadas a la prohibición de todos los desahucios por impago de hipotecas, cuando la familia no tenga alternativa habitacional. También en el caso de lanzamientos por impago o finalización de contrato de alquiler, excepto cuando el dueño del piso sea «una persona en situación vulnerable».
Además, en la propuesta exigió impedir desahucios de aquellas familias que estén en situación «precaria» y «sin alternativa habitacional» cuando vivan en pisos de «grandes tenedores» de vivienda, como fondos de inversión o bancos. A ello se suma la prohibición de los cortes de todos los suministros.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha subrayado que existe una situación «dramática» y la intención es que cesen los desahucios porque es una «incoherencia» pedir a la gente que se quede en casa y luego se les pueda echar.
Preguntado por la posición del PSOE, Asens ha detallado que hablaron con su socio de Gobierno para informarles de que iban a impulsar la iniciativa y esperan que puedan incorporar al PSOE en el trámite parlamentario, dado que comparten la «preocupación» por la poblemática de los desahucios.
Rufián espera «torcer el brazo» al PSOE
La portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, ha explicado que esta enmienda es «lógica» y de «sentido común» para proteger a la población vulnerable, algo que es de «justicia» y «responsabilidad social» en estos momentos.
«No queremos volver a la vieja normalidad de desahucios, pobreza energética y feminización de la pobreza», ha asegurado para recalcar que la vivienda y suministros básicos son esenciales para enfrentar la emergencia sanitaria, por lo que no se puede «mirar para otro lado» en esta segunda ola.
Además, ha detallado que en 2019 hubo más de 54.000 desahucios en toda España y, por ello, frente a la «especulación» de bancos y fondos buitre, apuestan por regular el precio del alquiler y garantizar la alternativa habitacional a toda la población.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufían, ha recalcado que los grupos firmantes, fuerzas políticas «muy diferentes» van a utilizar «toda su fuerza parlamentaria» para lograr la aprobación y tratar de «doblarle el brazo» a la otra parte del Gobierno, en alusión al PSOE.
