La entrada en vigor del Real Decreto del alquiler ha provocado un aumento del precio medio de la renta que ya ha comenzado a estabilizarse. En la última edición del Observatorio del Seguro de Impago del Alquiler (OSEA) este aumento se cifró en un 4 %, aunque ya se ha detenido.
Desde Arrenta Quarto Pilar insisten en la necesidad de trabajar para aumentar el número de viviendas en alquiler. En este sentido, recuerdan que el parque de vivienda de alquiler está ocupado en un 90 %, por lo que existe un problema de falta de oferta que sigue sin solucionarse. De hecho, en el último OSEA se incidió en la idea de promover proyectos de vivienda de nueva construcción en alquiler con rentas bajas desde la iniciativa pública y privada.
Aumenta el plazo medio de desalojo de inquilinos morosos
Además de estos datos, desde Arrenta Quarto Pilar se explica que el plazo medio de desalojo de inquilinos morosos ha aumentado de media tres meses en España como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa recogida en el Real Decreto del alquiler.
Este plazo de tres meses se refiere a los desalojos por impago, que son la mayoría con casi el 70%. En el caso de otras causas, como la necesidad de recobrar la vivienda para el uso de los hijos de los propietarios, el tiempo de desalojo ha aumento aún más, hasta llegar a duplicarse, según Arrenta.
No obstante, la compañía matiza que el plazo del desalojo de los inquilinos morosos varía en cada partido judicial, aunque el aumento medio global se sitúa en tres meses. Según su análisis, los plazos oscilan entre los 4 meses de los partidos judiciales más rápidos a los 8 de los más lentos, llegando hasta 7 y 11 meses, respectivamente.
Los desalojos por impago de la renta de alquiler suponen 66,4 %, según los últimos datos facilitados por Consejo General del Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre de 2019. En otros casos el aumento ha aumentado por encima incluso de los tres meses, como ante la necesidad de recuperar la vivienda para el uso de hijos, que se ha llegado a duplicar, hasta alcanzar los 15 meses en términos judiciales como Madrid y Barcelona.
