El Ayuntamiento de Santiago ha contabilizado 717 anuncios de viviendas de uso turístico sin registrar, lo que suponen un total de 3.188 plazas de alojamiento ilegal en la ciudad, con un impacto económico de más de 8,5 millones de euros sin fiscalizar.

Más de la mitad de estos pisos se concentran en el casco histórico de la ciudad, según ha asegurado la concejala de Turismo, Marta Lois, este miércoles, en un encuentro en la Praza de Cervantes para visibilizar y concienciar de la proliferación de los domicilios turísticos ilegales.

Este transitado lugar ha sido el escenario elegido por el Consistorio compostelano para poner fin a la campaña de advertencia y concienciación, puesta en marcha el pasado 6 de julio, que se dirige a los propietarios de estas camas turísticas y que apuesta por un modelo de turismo sostenible.

El Ayuntamiento ya ha iniciado las primeras inspecciones para sancionar aquellos pisos de alquiler que no tengan licencia de uso turístico, ya que, como indica Marta Lois, esta práctica «encarece» los apartamentos de la ciudad, «expulsa» a los vecinos de la zona vieja y constituye un modelo de competencia «desleal» al sector hostelero.

En este sentido, el edil de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, ha manifestado que, a día de hoy, resulta «imposible» encontrar una vivienda «asequible» para una familia que quiera establecer su residencia en esta parte de Santiago.

Competencias

Respecto a las posibilidades de actuación del Ayuntamiento, Duarte ha explicado que las competencias turísticas corresponden a la Xunta y que al gobierno local únicamente le conciernen las responsabilidades urbanísticas.

Por este motivo, el Consistorio exige a la Administración autonómica una normativa «más justa y rigurosa» que limite el número máximo de viviendas particulares de uso turístico en las ciudades y que actúe sobre las plataformas web, solicitándoles un registro legal de los pisos que se anuncian.

Entre tanto, el gobierno santiagués ha tomado medidas de inspección en algunos domicilios para priorizar el uso residencial de los mismos y eliminar la posible función turística del domicilio.

Por el momento, el Ayuntamiento ha abierto dos expedientes sancionadores, pero aún no ha interpuesto ninguna multa porque el proceso se encuentra en una fase anterior que, en caso de persistir con la actividad, podrá acarrear multas de entre 300 y 30.000 euros.