El secretario general de Vivienda, David Lucas, ha negado que la orden para modificar el Plan Estatal 2018-2021 que se ha publicado este sábado en el BOE faculte expropiaciones de viviendas privadas o ampare ‘okupaciones’ u otras prácticas ilegales, tal como han denunciado PP y Vox.

«No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho«, ha explicado Lucas en declaraciones a Europa Press.

La orden ministerial, que desarrolla en el Plan Estatal de Vivienda la nueva ayuda para el pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios vulnerables sobrevenidos por la epidemia de Covid-19, incluye un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables para facilitarles una «solución habitacional inmediata» mediante una ayuda económica.

Esa subvención podrá ser de hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido. Y en algunos casos de hasta 900 euros, más otros 200 para gastos de mantenimiento.

La orden establece que los gobiernos autonómicos «pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública. O que haya sido cedida para su uso a una administración pública aunque mantenga la titularidad privada» que tenga las condiciones adecuadas, «para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho».

Lo que ha motivado las sospechas de PP y Vox es que, acto seguido, señala que «cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes».

«No estamos permitiendo nada ilegal»

Sin embargo Lucas ha recalcado que el texto «habla claramente de regímenes admitidos en derecho». «No se está habilitando la ‘okupación’, no estamos permitiendo nada ilegal, solo se faculta a las comunidades autónomas para que con esa ayuda se pague una vivienda», ha remarcado.

«En ningún caso se está amparando ningún tipo de ilegalidad, el texto es perfectamente legal y constitucional», ha insistido el Secretario General de Vivienda.