cincodias.com, 17 de julio – El gobierno catalán ha aprobado este martes un proyecto de ley para gravar los pisos vacíos que se encuentran en manos de entidades financieras o de Sareb y que se calcula afectará a unas 15.000 viviendas repartidas en 72 municipios catalanes.
El impuesto, que tiene como objetivo estimular la incorporación al mercado del alquiler de una parte del parque de 80.000 viviendas vacías que existe en Cataluña, será de entre 850 y 1.650 euros por inmueble y año, y se aplicará a partir de 2015.
Con esta tasa, la Generalitat prevé recaudar un máximo de entre 13 y 25 millones de euros, aunque la cifra podría ser inferior si las entidades afectadas acceden a destinar las viviendas a programas de alquiler social.
El nuevo gravamen se impondrá sobre los pisos que lleven al menos dos años vacíos pero no afectará a las personas físicas, administraciones públicas y entidades del tercer sector, según detalló en rueda de prensa el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila.
El proyecto, que ahora se debatirá en el Parlament, contempla, eso sí, un conjunto de bonificaciones para las entidades financieras que vayan ofreciendo pisos en régimen de alquiler asequible.
Vila insistió en que este impuesto no tiene “voluntad recaudatoria”, sino que sólo pretende ser un estímulo para que las entidades financieras no acumulen inmuebles vacíos en zonas donde hay demanda de vivienda.
Bajo este argumentario, el conseller celebró los primeros efectos positivos que ha tenido el anuncio del impuesto, al que achacó el acuerdo sellado esta misma semana con Sareb, que cederá 600 viviendas a la Generalitat para alquiler social, así como los pactos de este tipo alcanzados en paralelo con CaixaBank o Bankia, que cederán 400 y 200 inmuebles, respectivamente.
La Generalitat calcula que la mitad de las viviendas vacías de Cataluña, unos 40.000, están en manos de entidades financieras y que 15.000 de ellas se concentran en 72 municipios donde se ha acreditado que hay demanda de pisos. Las principales zonas donde tendrá efecto esta tasa serán Barcelona, Camp de Tarragona, Girona y Lleida. Andalucía ya promovió una legislación similar que le permitía incluso expropiar ciertas viviendas, premisa que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional.
