El presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Joan Clos, ha propuesto crear un fondo de más de 700 millones de euros para reducir la tasa de esfuerzo de pago del alquiler de las familias con menos recursos.

Así lo ha señalado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde ha remarcado que hacen falta ayudas públicas para las familias vulnerables para paliar los problemas de desahucios.

Para Clos, «el fenómeno de la ocupación es el fracaso del Estado del bienestar en materia de vivienda». Asimismo, considera que para frenar las ocupaciones y los desahucios «es necesaria una política de vivienda con fondos públicos similares a los que existen en otros países europeos, que garanticen el pago de la renta del alquiler a los colectivos más vulnerables».

Desde su punto de vista, en las dificultades para hacer frente al pago del alquiler de los colectivos vulnerables es «donde radica el problema de acceso a la vivienda en alquiler».

De hecho, cree que este tipo de ayudas públicas impulsarían la colaboración público-privada y «animaría a los operadores privados a construir vivienda pública».

En este punto, ha subrayado que la colaboración público-privada es «la solución» para la construcción de vivienda en alquiler. «Hay que contar con el sector privado y hay que cambiar el rumbo de la política española», ha incidido.

También insta a generar confianza entre el sector público y privado, «que en estos momentos no existe, está rota». Desde su punto de vista, «es un poco arriesgado empezar a legislar poniendo en duda la confianza de estos dos sectores».

Por otro lado, ha remarcado que es necesario que la Administración Pública asuma su responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda para toda la sociedad, «en vez de trasladar esta responsabilidad al sector privado».

Limitar el alquiler «crea inseguridad jurídica y desequilibros»

Según Clos, limitar los precios del alquiler crea «inseguridad jurídica y desequilibrios en las relaciones entre arrendador y arrendatario». «Esto, a su vez, provoca una disminución de la oferta y, por lo tanto, el aumento de los precios», ha añadido.

Respecto al control de precios, también ha asegurado que los reguladores no han consultado al sector privado antes de aprobarla en Cataluña y que esto fue «una falta de cuidado y esmero».

Durante el encuentro, Clos ha señalado además que la ocupación de las viviendas es otro de los temas que más preocupa al sector y cree que «deja totalmente desprotegido al propietario vulnerando el derecho constitucional a la propiedad privada».