El acuerdo entre los dos partidos del Gobierno para poner en marcha una regulación de los precios del alquiler residencial supone una mala noticia para el mercado. Este tipo de regulación conseguirá un efecto opuesto al deseado: reducirá la oferta de vivienda en alquiler y dificultará el acceso a la vivienda para los colectivos sociales con menos recursos, más si cabe en el actual contexto de crisis económica. Ya se están observando caídas de precios en el mercado, por lo que carece de sentido regular ahora, explica Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL).
- La normativa anunciada hoy y que se incluirá en la próxima Ley de Vivienda no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible. Además, supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado, la amplia mayoría de ellos familias, que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda, advierte Toribio.
- Los efectos de este tipo de regulación se están notando ya Cataluña, donde hace unas semanas entró en vigor la nueva regulación de control de precios. Los datos del Institut Catalá del Sol (Incasol)d el segundo trimestre muestran que el número de contratos de alquiler ya estaba cayendo como consecuencia de la crisis económica generada por la COVID-19, antes de la aprobación de esta norma. Por lo que esta nueva regulación frenará aún más el mercado del alquiler. Asimismo, la regulación catalana está generando un mercado negro de contratos que han salido ya del registro de la Generalitat.
- En el caso de la regulación catalana, se trata, además, de una medida que vulnera el derecho a la propiedad recogido en la Constitución Española y que será recurrida ante el Tribunal Constitucional.
«Se incrementará todavía más la inseguridad jurídica en el mercado del alquiler»
El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos extiende la regulación de precios a los contratos ya existentes, lo que supone incrementar aún más la inseguridad jurídica existente en el mercado
- El Banco de España, el FMI y un amplio grupo de economistas y académicos han advertido sobre el efecto pernicioso sobre la oferta y los precios de este tipo de medidas de control de rentas, que generan los efectos contrarios a los deseados: menor disponibilidad de vivienda en el mercado, subidas de precios, menor inversión en el mantenimiento de las viviendas y creación de economía sumergida en torno al alquiler.
- Desde ASVAL consideramos que son necesarios medidas más ambiciosas y de carácter estructural para solventar los problemas del mercado del alquiler. Nuestra propuesta pasa por establecer un paquete de ayudas directas con una dotación de más de 700 millones de euros para reducir la tasa de esfuerzo en el pago del alquiler de los colectivos con menores ingresos, que son los más damnificados en el actual contexto de crisis económica y que tienen más riesgo de impagos y problemas en la continuidad de sus contratos.
- Al mismo tiempo, la Administración debe liderar el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler en colaboración con el sector privado, así como garantizar la seguridad jurídica que haga atractivo nuestro mercado del alquiler para aquellos operadores que están interesados en participar en él.
