La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha advertido en el Congreso de que todo lo que no sea regular el precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda supondrá incumplir el acuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, una situación que, ha asegurado, ni siquiera contempla: «No contemplo que llevemos al Consejo de Ministros una ley que no cumpla con el acuerdo de Gobierno«, ha dicho.

Belarra, que ha acudido a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para presentar las líneas generales de su departamento tras su nombramiento como ministra, ha subrayado que el acuerdo de Gobierno «es nítido» y espera poder aprobar la Ley, en la que trabaja con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «lo más pronto posible».

«El acuerdo es nítido: hay que poner techo a subidas abusivas»

«El acuerdo es nítido en lo que respecta a la regulación de los precios del alquiler. Hay que poner techo a las subidas abusivas y hay que delegar en las comunidades autónomas para poder llevar a cabo ese tipo de regulación», ha aseverado la ministra.

Por ello, ha apostillado a renglón seguido que «todo lo que se salga de eso no responde al acuerdo de Gobierno«, sosteniendo que su equipo y el del titular de Transportes, José Luis Ábalos, está «trabajando para que esto sea así con carácter inminente».

La nueva ministra ha querido así zanjar las preguntas de la Comisión sobre el estado de esta regulación, que los socios del Ejecutivo habían acordado aprobar en febrero, y las «divergencias» al respecto en el seno de la coalición.

Y es que en plenas negociaciones el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, manifestó públicamente sus reticencias a establecer controles a estas rentas, decantándose por la vía de incentivos fiscales para los propietarios que no suban el alquiler u ofrezcan bajadas de precio.

Responsabilidad de grandes tenedores, infravivienda y ‘sin techo’

Además de la regulación del precio de los alquileres, Belarra ha asegurado que esta nueva regulación, sobre la que no ha concretado un plazo de aprobación, prohibirá de manera definitiva los desahucios sin alternativa y generará «responsabilidades y obligaciones a los grandes propietarios, especialmente si tienen viviendas vacías».

También incluirá una regulación al respecto de la «infravivienda«, un «problema de primer nivel», ha dicho la ministra, que atañe a poblaciones como las de la Cañada Real, pero «también el chabolismo vertical en edificios», que es «mucho más invisible pero igualmente grave», ha señalado.

Por otro lado, la titular de Derechos Sociales ha informado de que su departamento trabaja en una «estrategia para las personas sin hogar», para las cuales ha apostado por «abandonar el paradigma» de «atención en emergencia» hacia la «búsqueda de soluciones definitivas».