El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y su director general, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, han advertido de que el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda «atenta contra el derecho de la propiedad y genera desequilibrios en el mercado del alquiler».

Durante la presentación de la revista ‘La necesidad de garantizar la propiedad privada en España como condición para la mejora del mercado del alquiler’, el IEE señala que si de verdad se quiere facilitar el acceso a la vivienda, «es fundamental terminar con el creciente amparo a la ocupación ilegal, y no cargar a los propietarios, en especial a los grandes tenedores, con obligaciones que le corresponden a las Administraciones Públicas».

Así, el organismo considera que las medidas «intervencionistas» contempladas en la futura Ley de Vivienda generan «incertidumbre e inseguridad jurídica», y son «ineficaces y contraproducentes» para lograr mejorar el acceso a una vivienda. De hecho, avisa de que al apostar por «la falsa solución de los controles de precios» se contraerá la oferta de alquiler, perjudicando especialmente a los colectivos más vulnerables.

«En los últimos años, han proliferado, los experimentos intervencionistas en regulación en materia de vivienda, siendo la última de estas iniciativas el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que recoge una serie de medidas que atentan directamente contra el derecho de propiedad y, por tanto, contra el adecuado funcionamiento del mercado del alquiler, de manera que resultan ineficientes para resolver los problemas de acceso a la vivienda, los cuales terminan incluso agravando», denuncia el IEE.

Según el organismo, los resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) elaborado por la Property Rights Alliance revelan que la garantía del derecho de propiedad es un 6,1% inferior en España a la del promedio de la OCDE.

Así, España se mantiene en la zona baja de la clasificación, ocupando la posición 26 de entre los 37 países considerados, por debajo de la media de la OCDE y también del promedio de los países de la UE que pertenecen a dicha organización.

Las diferencias se amplían al comparar los resultados de España con el de los mejores clasificados, siendo un 19,5% menor que Suiza, que es el país con los mejores resultados en la edición de 2021.

Esta situación se repite en los tres principales pilares (entorno legal y político, propiedad material y propiedad intelectual) que conforman el Índice, con España situándose por debajo del promedio de la OCDE y de los países de la UE, «y con brechas notables frente a las economías que mejor se comportan», según el IEE.

La única excepción se encuentra en los mejores resultados que obtiene España en lo relativo a los registros de la propiedad, donde alcanza el séptimo mejor resultado a nivel mundial, y en la protección de patentes, superando en ambos casos el promedio de los países de la OCDE.

Para el IEE, este índice evidencia el fuerte vínculo existente entre una mayor y mejor protección de los derechos de propiedad y un mayor grado de desarrollo económico y de prosperidad. Así, los países con mejores resultados en el IIDP, es decir, aquellos que mejor protegen la propiedad privada, presentan mayores niveles de PIB per cápita, menores tasas de pobreza, mayor competitividad, así como tasas más elevadas de innovación y menores ratios de corrupción.

De hecho, el IEE resalta que el PIB per cápita medio de los países que están en la zona más alta de la clasificación a nivel mundial en el IIDP es 19 veces superior al de los países que presentan los peores resultados en este indicador.

Si el índice Internacional de Derechos de Propiedad se calculase teniendo en cuenta el impacto de los impuestos sobre la propiedad, la puntuación promedio de la OCDE se reduciría en un 5,6%. Este descenso sería más acusado, del 7%, en el caso de España, lo que pone de manifiesto, en opinión del Instituto, que España «tiene un régimen fiscal más lesivo para la propiedad en términos comparados».

En contra de limitar los precios del alquiler

El IEE considera que la solución al alquiler en España pasa por afianzar el derecho de la propiedad y no por limitar los precios de los alquileres en zonas declaradas como tensionadas. En este sentido, advierte de que el control de alquiler «no sólo es ineficiente para lograr mejorar el acceso al mercado del alquiler, sino que es, además, contraproducente, en la medida en que empeora la oferta en cantidad y calidad, con el consiguiente perjuicio y discriminación a los colectivos de menor renta a los que se pretendía favorecer».

De hecho, avisa de que, «ante esta escasez de oferta artificialmente provocada», se acabe priorizando a los individuos y familias arrendatarias que puedan ofrecer mayorías garantías y/o tengan un menor riesgo de impago.

«De este modo, una medida que pretende supuestamente ser una solución temporal al problema de acceso al alquiler, mientras se corrigen los verdaderos desequilibrios en el mercado, termina suponiendo, precisamente una intensificación de dicho desequilibrio entre oferta y demanda, y un agravamiento del problema. De ahí que no debe ser aceptable ni siquiera como solución transitoria», apunta.

En este sentido, el IEE expone que los precedentes internacionales disponibles sobre el control de los precios del alquiler (San Francisco, Nueva York, Boston, Estocolmo, París o Berlín) evidencian que, en el mejor de los casos, «apenas se logra un control de las rentas en el corto plazo en la zona regulada», que suele concentrarse en los alquileres más caros, «y siempre a costa de trasladar las tensiones a la parte no regulada y de generar una fuerte contracción de la oferta de vivienda en alquiler».

Dentro de España, el IEE menciona el control de precios aplicado en Cataluña, concluyendo que «no sólo ha supuesto una caída significativa de la oferta de vivienda en alquiler, sino que ha dado lugar a una dinámica contraproducente, que ha de servir como anticipo de lo que podría suponer la futura normativa estatal».

Critica la «tolerancia» a la ocupación ilegal de viviendas

Al mismo tiempo, el IEE considera «alarmante» la «creciente legitimación» y «tolerancia» que está adquiriendo en el marco jurídico español la ocupación ilegal de viviendas, «que supone negar el contenido esencial del legítimo derecho de propiedad y relegarlo frente a lo que no deja de ser una actividad delictiva en la mayor parte de los casos».

«Esta tolerancia de la regulación con el fenómeno de la ocupación ilegal y la vulneración de la propiedad es impropia de una sociedad avanzada y daña, profundamente, nuestro marco institucional, con todas las consecuencias negativas en términos económicos que eso conlleva. Al proteger esta actividad delictiva, España se convierte en un caso único en nuestro entorno comparado», denuncia.

Para el IEE, la nueva Ley de Vivienda suponía una excelente oportunidad para combatir el fenómeno de la ocupación ilegal y evitar los crecientes recursos ante el Tribunal Constitucional sobre las leyes de vivienda de las comunidades autónomas.

«Sin embargo, se trata de una oportunidad perdida, ya que no se han planteado ni desarrollado estas cuestiones en la futura normativa. Es más, en el citado Proyecto de Ley se reconoce el derecho a la suspensión temporal de los desahucios y de otros procesos de recuperación posesoria de la vivienda de hasta cuatro meses de ocupantes, con o sin título», concluye.