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El sector inmobiliario propone legislar para promover el alquiler social y la rehabilitación

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida y el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, entre otras organizaciones, han instado a las instituciones públicas a realizar cambios legislativos para favorecer la promoción del alquiler social y la rehabilitación del parque de viviendas con una serie de propuestas para hacerlo más viable.

Los administradores de fincas han afirmado que son «conscientes de que el aumento del parque de viviendas de alquiler protegido y social y la rehabilitación del parque de viviendas son dos grandes retos a los que se enfrenta la política de vivienda en España en el corto y el medio plazo», han informado en un comunicado este martes.

El sector ha agrupado las propuestas en cuatro: una modificación del IRPF para fomentar la cesión de viviendas a entidades sociales para destinarlas a programas de alquiler social, reduciendo un 60% los rendimientos netos positivos del alquiler de viviendas a entidades gestoras de programas públicos de vivienda o la modificación de las condiciones del IVA reducido a las obras de rehabilitación y mejora de vivienda.

Además, reclaman una modificación del IVA superreducido a la promoción de viviendas de alquiler social a largo plazo en todas sus fases para mejorar el parque (situado en un 1,5% en España, de los más bajos de Europa), y la modificación de las condiciones de aplicación del IVA superreducido a la constitución y transmisión de derechos de superficie para la promoción de viviendas de alquiler social a largo plazo para preservar el patrimonio público de suelo como garantía del derecho a la vivienda para las generaciones futuras.

Para el gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas, «se hace indispensable la colaboración público-privada en la promoción y creación de vivienda a precio asequible y uno de los medios más adecuados para esta finalidad es establecer una política fiscal y económica que facilite esa participación».

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