Los grandes propietarios han puesto a disposición del Gobierno hasta 30.000 viviendas para destinar al alquiler asequible, según lo ha trasladado Eduard Mendiluce, CEO de Anticipa y Aliseda, en representación de Asval, que, además, ha propuesto que esos alquileres sean a un precio hasta un 20% por debajo del mercado para vivienda social.

Así lo ha indicado el representante de Asval en un encuentro organizado por Esade en el que también estaba presente el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín, competente en materia de vivienda.

Se trata de un modelo que ya se ha aplicado en Irlanda, a través del cual los grandes caseros que así lo deseen puedan acudir a un concurso público para ceder sus viviendas durante 25 años al Estado español, que se convertiría en arrendatario de los inmuebles.

El precio del alquiler que pagaría el Gobierno sería entre un 15% y un 20% más bajo que el de mercado, según ha propuesto Mendiluce, y tendría un derecho de subarriendo a favor del Estado para otorgar esas viviendas a administraciones más cercanas a los ciudadanos, como los ayuntamientos o las comunidades autónomas.

El objetivo es extender los beneficios y la gestión de ese parque público de viviendas al ámbito más local, aunque el directivo ha propuesto que la gestión recaiga en el ámbito privado para ganar en eficiencia.

Actualmente, CaixaBank, con 25.000 viviendas en su poder, el fondo de inversión norteamericano Blackstone y la sociedad semipública que se quedó con los activos de las extintas cajas de ahorro, Sareb, son los grandes tenedores de vivienda en España, que concentran el 4,4% del total.

Según un informe Atlas Real Estate Analytics, Testa Home, otra sociedad de Blackstone, tiene 20.000 unidades y Sareb otras 15.583, incluyendo el parque de viviendas asequibles comprometido con la Administración.

En total, hay 16 sociedades en el país con una cartera superior a las 1.000 viviendas, principalmente extranjeras, aunque también tiene una fuerte presencia la gestora española Azora, controlada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, las catalanas Compañía Española de Viviendas en Alquiler (Cevasa) y Renta Corporación, la firma de Barcelona B Capital o la madrileña Castella.