El Tribunal Supremo fijó el 5 de noviembre como fecha para reunir a sus 31 magistrados. ¿La razón? Estudiar, para revocar o ratificar, la polémica sentencia que obliga a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. Así, los magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo deberán fijar doctrina sobre quien paga el impuesto de actos jurídicos documentados.
El debate se prevé intenso, así que muy probablemente se extenderá hasta la tarde y podría incluso exigir la convocatoria de una nueva sesión para mañana. Se deliberarán en concreto tres recursos, los tres planteados por la misma parte – la empresa municipal de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) – que recurrió y obtuvo las sentencias firmes que modificaron la jurisprudencia hasta ahora existente, que situaba el sujeto pasivo del tributo en los clientes.
Los ponentes los recursos que se llevarán al Pleno serán el presidente de la Sección especializada en tributos que dictó las polémicas sentencias, Nicolás Maurandi (de dos de ellos) y Francisco José Navarro Sanchís, quienes previsiblemente propondrán que se falle en el mismo sentido en el que se ha hecho en las tres resoluciones ya notificadas y que son firmes – no se tocarán diga lo que diga el Pleno del lunes -, es decir, que corresponde a las entidades bancarias el pago del impuesto.
