Foment del Treball ha pedido endurecer la legislación ante ocupaciones que ha definido como delincuenciales de manera que permita desalojar «inmediatamente» las viviendas ocupadas. Lo han dicho en rueda de prensa este lunes el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el presidente de la Associació de Propietaris de Catalunya, Sergi Llagostera; el miembro de la Comisión Jurídica de la patronal, Emilio Zegrí, y la responsable de Relacions Institucionals de la patronal, Montse Surroca.

Sánchez Llibre ha alertado del aumento del 18% de las ocupaciones de viviendas en 2021, hasta 13.389 casos en España, el 42% de los cuales, 5.589, en Catalunya, y advertido de la existencia de una «situación de alarma social» por este incremento.

Por ello, ha mostrado el apoyo de la patronal a las propuestas presentadas por el Col·legi d’Advocats de Barcelona (Icab) y la Associació de Propietaris de Catalunya.

Esta propuesta se basa en la reforma del Artículo 13 de la Ley de enjuiciamiento criminal para permitir los desalojos inmediatos; de la Ley del régimen de bases locales para dar atribuciones a los ayuntamientos para coordinar los cuerpos de seguridad, y la Ley de propiedad horizontal para dar legitimación para actuar a las comunidades de propietarios.

Zegrí ha explicado que el PDeCAT prevé llevar estas modificaciones al Congreso de los Diputados en septiembre y ha asegurado que «no puede ser que las administraciones trasladen el problema a los ciudadanos».

Mafias organizadas

Sánchez Llibre ha asegurado que este tipo de ocupaciones «se está convirtiendo en un gran negocio para las mafias organizadas» y ha apuntado que de esta forma se replicarían leyes de otros países europeos donde los desalojos son inmediatos.

Llagostera ha lamentado el «abandono total y absoluto» de las administraciones en este campo y ha apuntado el perjuicio que se provoca a los propietarios.

Asimismo, ha señalado que las consecuencias de estas ocupaciones «no las sufren los grandes propietarios», aunque no ha podido ofrecer datos sobre el porcentaje de ocupaciones que afecta a pequeños y medianos propietarios o de ocupaciones en viviendas habituales.

Segrí, por su parte, ha señalado que «no es un problema de emergencia social, es un problema de ocupación delincuencial» y ha recordado que el código penal protege adecuadamente la propiedad privada, aunque el colapso en los juzgados retrasa los desalojos.

Propuesta en el Congreso

Surroca ha explicado que Foment del Treball prevé hablar con todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados para que apoyen la proposición de ley que presentará el PDCat.

Por otro lado, Zegrí ha admitido que es «prácticamente imposible» saber si una ocupación es de emergencia social en el momento de desalojar, mientras que Llagostera ha recordado que los jueces llaman a los servicios sociales en cada actuación para que la administración pueda acoger a las personas en caso de vulnerabilidad.