La factura de la luz para un usuario medio subió casi 11 euros de media en marzo respecto al mismo mes del año pasado. Son datos de un análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, el informe señala que marzo finalizó con una subida interanual del 26,5 por ciento en el precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad, que se ha situado en 14,13 céntimos (impuestos indirectos incluidos), frente a los 11,16 céntimos del mismo mes de 2020. Así lo pone de manifiesto el análisis de Facua-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada PVPC.

De hecho, la organización alerta de que este incremento es aún mayor que el que se registró durante el mes de enero, cuando llegó al 25,8 por ciento. No obstante, añade que el precio del kWh no ha alcanzado este mes los niveles del primer mes de 2021, cuando estuvo en una media de 16,75 céntimos y osciló entre los 7,30 céntimos el día más barato y 22,14 el más caro.

¿Por qué se ha incrementado la factura de la luz?

Facua-Consumidores en Acción explica que la subida se debe al incremento de los precios en el mercado de generación de la electricidad procedente de centrales hidroeléctricas y el hecho de que el mercado de los derechos de emisión de CO2 se ha disparado.

Con todo, la factura del usuario medio sube así un 18 por ciento, ya que de los 80,48 euros de enero y los 62,08 euros de febrero, la factura mensual del usuario medio ha quedado en marzo en 70,90 euros. Esto representa un incremento del 18 por ciento con respecto a los 60,06 euros de marzo del año pasado. La diferencia alcanzó 10,84 euros.

En este contexto, la organización aconseja «desconfiar de reclamos» basados en tarifas planas o la estabilidad de precios durante un año» y que no se pasen al mercado libre porque allí las compañías no ofrecen tarifas más económicas, sino todo lo contrario.

¿Qué hay de los compromisos en política energética?

Así, Facua exige al Gobierno que acelere el cumplimiento de los compromisos programáticos adoptados por PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura en materia de política energética.

Entre ellas, destaca su demanda de rebajar el «elevadísimo» precio del término de potencia, la aplicación de un precio más bajo para los primeros kWh consumidos y la eliminación de la sobre-retribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión.

Por otro lado, exige una bajada «sustancial» de los impuestos indirectos que se aplican a la factura eléctrica de las familias, que según la organización superan el 27 por ciento, al sumarse el IVA general del 21 por ciento con el impuesto especial sobre la electricidad. Por último, espera que una reforma del bono social para que muchos más consumidores puedan acceder a él y aumente el descuento que representa sobre la tarifa semirregulada PVPC.