La ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional entrará en vigor el martes, después de que el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) la haya publicado este lunes, una vez aprobada en el Parlament el 23 de febrero.

Plantea medidas como la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a familias vulnerables antes de llevar el caso a la vía judicial.

La norma, que fue impulsada por ERC, Junts, la CUP y los Comuns, prevé la expropiación de viviendas o edificios de viviendas que «estén desocupados de forma permanente e injustificada» durante más de dos años.

En el texto nuevo, además de las viviendas desocupadas durante más de dos años, se incluye también como vivienda vacía a los edificios inacabados destinados a vivienda – con más del 80% de las obras ejecutadas -, después de transcurrir más de dos años desde la finalización del plazo para terminarlos.

La ley regula las competencias para requerir a los grandes tenedores que adopten las medidas para «ocupar legal y efectivamente una o varias viviendas para que constituyan la residencia de personas» si están vacías, y en caso de incumplimiento se establece una multa coercitiva de 1.000 euros por cada vivienda por mes mientras permanezcan desocupadas.

Grandes tenedores

La norma define grandes tenedores de vivienda como las personas jurídicas que, por sí solas o a través de un grupo de empresas, sean titulares de más de 10 viviendas «ubicadas en territorio del Estado».

Fija como excepción las personas jurídicas que tengan más de un 15% de la superficie habitable de la propiedad calificada como viviendas de protección oficial destinadas a alquiler, y las entidades privadas sin ánimo de lucro que proveen de vivienda a personas y familias en situación de vulnerabilidad residencial.

El texto regula la cesión obligatoria de viviendas, por un período de siete años, para incorporarlas al Fondo de viviendas de alquiler para políticas sociales, en el caso de viviendas vacías que sean propiedad de personas jurídicas y cuando el propietario sea «sujeto pasivo, no exento, obligado al pago del impuesto sobre las viviendas vacías».

También cuando este sujeto pasivo tenga viviendas vacías en un municipio en el que exista, como mínimo, una unidad familiar en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial; y que el propietario haya incumplido la obligación de que la vivienda sea ocupada legalmente para constituir la residencia de las personas.

Alquiler social

La norma fija la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social cuando llegan al final del plazo fijado si las personas o unidades familiares afectadas todavía siguen cumpliendo los requisitos de exclusión residencial.

De esta manera, el titular de la vivienda debe requerir a los afectados, al menos cuatro meses antes de la fecha de expiración del contrato, que presenten la documentación acreditativa y poder formalizar un nuevo contrato.

También se crea el Registro de grandes tenedores de vivienda, con carácter administrativo, que depende de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el que deben inscribirse las personas jurídicas que sean grandes tenedores, y tienen un mes para hacerlo desde la entrada en vigor de la ley.

Grupos contrarios

La ley salió adelante en el pleno del 23 de febrero, después de que la Mesa del Parlament no aceptase la petición de Cs y PP de llevar la ley al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) para pedir un dictamen.

Ciudadanos anunció recientemente que iba a llevar esta decisión de la Mesa al Tribunal Constitucional, por considerar que se vulneran sus derechos, y previamente Vox también dijo que lo iba a hacer.