Las comercializadoras de energía eléctrica que forman parte de la Asociación de empresas eléctricas (Aseme) plantean limitar de manera temporal el precio máximo de casación del mercado mayorista a 180 euros por megavatio/hora (MWh) y que, en caso de que se superase esa barrera, las ofertas pasasen «a ser gestionadas en el mercado de restricciones técnicas».

En un comunicado dirigido a la Secretaría de Estado de Energía, la organización pone sobre la mesa una batería de medidas ante el «tremendo» impacto que está teniendo en las comercializadoras la coyuntura actual de precios energéticos elevados, lo que les ha llevado a encontrarse en una «situación claramente comprometida».

De ese modo, además de la limitación del precio del mercado mayorista, también apoyan el desacoplamiento de las centrales de gas del mercado marginalista de electricidad, «con el objetivo de evitar que otras tecnologías se vean favorecidas» como consecuencia del precio de casación resultante, «con beneficios extraordinarios» y evitando, a su vez, la repercusión de precios «altísimos» a los consumidores.

El límite de 180 euros/MWh es inferior a los precios que se vienen pagando en el mercado mayorista de electricidad, que, de media en lo que va de año, se sitúa en 229 euros/MWh.

Asimismo, para aliviar el «estrés de caja» de las comercializadoras, Aseme plantea aumentar los plazos de pago al Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) mediante la «oportuna revisión de las reglas de funcionamiento de mercado», pero sin que ello llegue a suponer un incremento de las garantías de pago, matizan.

Entre las medidas financieras, Aseme también propone líneas de avales del Estado a favor de las comercializadoras de energía eléctrica para garantizar las obligaciones derivadas de contratos bilaterales (PPA).

Otra petición es el establecimiento de líneas de crédito sectoriales para financiar la actividad de las empresas comercializadoras, al margen de las previstas en el marco del Covid-19.

Aseme también hace hincapié en la necesidad de fomentar la contratación a plazo mediante la convocatoria de subastas y el impulso de la contratación bilateral.

Dentro su paquete de propuestas, la organización también incluye que se contemple una excepción a la aplicación del mecanismo de minoración del exceso de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica. En concreto, «cuando se acredite que la energía eléctrica producida por las instalaciones de producción afectadas por la medida se encuentre comprometida mediante contratación bilateral, celebrada con posterioridad a la adopción de dicha medida, que incluya un periodo de cobertura igual o superior a cinco años y su precio de cobertura sea fijo».

Por otro lado, la organización muestra su respaldo a la batería de medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno para mitigar el impacto negativo que la escalada de precios energéticos está teniendo sobre los consumidores y empresas, así como también apoya los planteamientos efectuados en el contexto de la Unión Europea.