Más País ha reclamado en el Congreso extender cuatro años más la moratoria antidesahucios aprobada en 2013 por el primer Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis. Creen que debería llevarse hasta 2024. No en vano, caducará el próximo mes de mayo.

Para ello, su portavoz, Íñigo Errejón, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que llama a modificar la ley. Así, se extendería el plazo durante el cual la persona amenazada por el desahucio puede solicitar. A partir de ahí, podría obtener un alquiler en las condiciones recogidas en la moratoria.

No fue hasta 2013, tras dos decretos ley anteriores con medidas de urgencia en favor de los deudores hipotecarios, cuando se aprobó una suspensión de los lanzamientos hasta 2015. Siempre que afectaran a personas tipificadas como vulnerables.

Ya se han aprobado dos ampliaciones a la moratoria antidesahucios

A partir de ahí, el plazo fue extendido hasta 2017. Y ese año, hasta 2020, concretamente hasta el próximo mes de mayo. Ampliando entonces los supuestos para considerar de especial vulnerabilidad a las personas afectadas por el desahucio.

En total, se incluyen toda familia numerosa, la unidad familiar monoparental con hijos a cargo, la unidad familiar con menores, donde un miembro tenga reconocido algún grado de discapacidad igual o más de 33%, dependencia o enfermedad que incapacite permanentemente para trabajar, donde el deudor esté en desempleo, que convivan una o más personas hasta tercer grado de consanguinidad con estas circunstancias, que haya una víctima de violencia de género, o el deudor sea mayor de 60 años.

Ampliar el plazo hasta encontrar una solución definitiva

Para esta formación, las continuas ampliaciones del plazo suponen reconocer, de facto, que a las familias incluidas en estos colectivos les será imposible salir de esta situación. Y que solo la actuación de los poderes públicos podrá finalmente quitarles la continua agonía de estar a expensas de las decisiones políticas del momento.

Más País subraya que «se hace imprescindible abordar esta situación para dar una solución definitiva esta legislatura» y, por ello, pide ampliar otros cuatro años el plazo «mientras se aborda la disponibilidad de una solución habitacional definitiva».