El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que permite a las comunidades autónomas utilizar los recursos del Plan de Vivienda para pagar a los propietarios la compensación por la paralización en determinados supuestos de los desahucios y de los lanzamientos de inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia.
Según ha recordado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, la norma que paralizaba los lanzamientos por motivos sociales y sanitarios daba derecho a una compensación a los propietarios si los servicios sociales no habían podido encontrar una alternativa para las personas vulnerables y cuando se produjese una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.
Así, la norma aprobada hoy establece las medidas de procedimiento para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a estas compensaciones dentro de su ámbito territorial.
Según el Ministerio de Transportes, el objetivo que persigue la normativa aprobada hoy es el de dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad de los arrendatarios, garantizando así la protección social; pero también el de equilibrar los esfuerzos realizados por los pequeños propietarios, «evitando trasladarles situaciones de vulnerabilidad».
Ábalos ha apuntado que se pretende conjugar la necesaria atención de las emergencias sociales y sanitarias producidas por la pandemia con la protección de la seguridad jurídica de propietarios y arrendadores.
De esta forma, el decreto aprobado tiene por objeto el desarrollo reglamentario relativo a la utilización de los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones que puedan proceder, basándose en normativa previa.
Por un lado, busca responder a la situación de vulnerabilidad en que podían incurrir los arrendatarios de vivienda habitual, como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la crisis sanitaria de la COVID-19, especialmente aquellos que ya hacían un elevado esfuerzo para el pago de las rentas, pero también aquellos que, sin estar previamente en esa situación, se encontraban en ella circunstancialmente.
Pero también tiene como objetivo diseñar medidas de equilibrio que impidan que, al resolver la situación de los arrendatarios, se traslade la vulnerabilidad a los pequeños propietarios; y movilizar recursos suficientes para conseguir los objetivos perseguidos y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad.
Bajan los desahucios
Durante la rueda de prensa, el ministro ha destacado que los lanzamientos de vivienda, tanto derivados de hipotecas como de arrendamientos, han disminuido en 2020 y en los primeros meses de 2021, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, ha señalado que en 2020 se practicaron 21.141 lanzamientos, la cifra más baja en los últimos ocho años, con una reducción del 42% respecto a 2019. Asimismo, ha afirmado que en el primer trimestre de 2021 la reducción de lanzamientos ha sido del 2,3%.
