PSOE y Unidas Podemos han acordado introducir en la nueva Ley de Vivienda un nuevo gravamen a los pisos vacíos, que se materializará en forma de recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Aunque aún no han pactado sobre la cuantía que tendrá.

Por su parte, ambas formaciones siguen sin lograr un consenso sobre la regulación del precio del alquiler, medida recogida en el acuerdo de gobierno de coalición, y las posiciones al respecto se mantienen «alejadas».

Así lo han indicado fuentes de Unidas Podemos tras la reunión que han mantenido los equipos negociadores sobre la nueva Ley de Vivienda, encabezados por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

El principal avance en el encuentro de hoy radica en ese compromiso de incluir en la futura normativa un recargo del IBI a la vivienda vacía, de cara a estimular que aflore al mercado para aumentar la oferta.

No obstante, ambos socios de coalición no han cerrado la cuantía que debe tener ese recargo. Para avanzar en ello, se organizará próximamente un encuentro con un equipo del Ministerio de Hacienda, mientras que este miércoles está prevista una reunión con Justicia para abordar los desahucios.

El departamento que dirige José Luis Ábalos ya esbozó en el marco de estos contactos su apuesta por introducir una definición de vivienda vacía a efectos del recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En concreto, el Ministerio de Transportes abogaba por recoger en la propia legislación reguladora del IBI una definición «clara» para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota de este tributo a aquellos inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados, estableciendo un periodo temporal de referencia de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario y estableciendo una serie de causas justificadas de desocupación temporal del inmueble.

Sin avance sobre el 30 % de alquiler social a grandes propietarios

Al igual que ocurre con la regulación del alquiler, tampoco se han producido progresos sobre la responsabilidad que deben tener los grandes propietarios de vivienda en el marco de la futura ley, pues Unidas Podemos demanda que se establezcan una serie de obligaciones para los grandes propietarios.

De esta forma, dichas fuentes han detallado que el PSOE «continúa sin aceptar» la propuesta planteada por Unidas Podemos para que los grandes tenedores de vivienda destinen al alquiler social el 30% de su parque.

Puntos de la negociación

La negociación sobre la nueva Ley de Vivienda, que acumula ya cierto retraso, ha experimentado progresos respecto a las medidas para frenar desahucios y, ahora, sobre el recargo del IBI a la vivienda vacía.

Sin embargo, en el aspecto nuclear de la regulación del alquiler las conversaciones siguen enquistadas. El PSOE apuesta por un modelo de incentivos fiscales a propietarios que decidan bajar los precios del alquiler, algo que para Unidas Podemos es un incumplimiento del acuerdo de gobierno. Por tanto, el socio minoritario exige que se establezca un sistema que paute obligaciones a los propietarios encaminadas a poner techo al precio del arrendamiento en zonas de mercado tensionado.

Otra de las propuestas de la formación morada en el marco de esta ley es fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más).