La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha llamado en el Congreso a los ayuntamientos y comunidades autónomas a adoptar «las medidas necesarias» en su normativa para asegurar que los programas de rehabilitación de viviendas y edificios «alcancen sus objetivos deseados».
Y es que la ministra encuadra el «recorrido limitado» alcanzado hasta ahora por este tipo de programas en la existencia de «cuellos de botella legales» que han provocado, ha dicho, una tasa media de rehabilitación efectiva de entre ocho y diez veces menos por debajo de la media del entorno europeo.
Así lo ha manifestado durante su defensa ante el Pleno del Congreso del decreto ley con incentivos fiscales en el IRPF a la rehabilitación, que también contempla reformas normativas y una línea de avales públicos de hasta 1.100 millones de euros para cubrir créditos dirigidos a estas operaciones, y que este jueves se somete en la Cámara a su convalidación.
En el decreto ley ya abordan modificaciones concretas en la Ley de Propiedad Horizontal y en la Ley de Suelo pero, ha incidido, también existen en normativas autonómicas y municipales, llamando a estas administraciones a revisarlas.
Calificación muy baja de eficiencia en el 80 % de los edificios
Durante su intervención, Sánchez Jiménez ha aludido al «largo trecho a recorrer» en materia de eficiencia y ahorro energético, teniendo en cuenta de que más de la mitad de edificios residenciales fue construido antes de 1980, año del primer reglamento de instalaciones térmica de edificios, englobando a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y 10 millones de viviendas principales.
El resultado, ha explicado, es que más del 80% de edificios residenciales obtienen muy baja calificación en consumo energético y emisiones y, respecto a la accesibilidad, ha señalado que el 35% de viviendas en venta en 2020 carecían de ascensor.
Incentivos de hasta el 60 % en el IRPF
Para acabar con estas «rigideces» legales, el Gobierno modifica en el decreto ley la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar acuerdos por mayoría para realizar obras de rehabilitación o recibir ayudas, y también la Ley de Suelo, reforzando la capacidad jurídica de las comunidades de propietario para recibir créditos.
Respecto a los incentivos fiscales previstos en el decreto ley, se prevén 450 millones de euros para financiar deducciones del 20%, el 40% y el 60% en el IRPF, hasta un máximo de 5.000 euros, 7.500 euros y 15.000 euros, respectivamente, según la mejora de eficiencia energética alcanzada en vivienda habitual o edificios residenciales.
Asimismo, el decreto ley prevé que no se integren en la base imponible de este impuesto las ayudas contempladas en el decreto, así como las aprobadas anteriormente para la rehabilitación.
