Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la doctrina de la sentencia por la que el pasado jueves una sección de esta Sala acordó que sean los bancos los que asuman el tributo.

Al término de la reunión celebrada este lunes entre el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, los integrantes de la citada sección y el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo, el primero ha emitido una nota en la que afirma que todos ellos «han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al alto tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso».

Los notarios están informando a los usuarios que firman hipotecas

Los notarios están informando a los usuarios que acuden a firmar una hipoteca sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo determinando que es el banco quien debe pagar el impuesto sobre las hipotecas y no el cliente y el posterior anuncio de que un Pleno revisará dicha decisión debido a su «enorme repercusión económica y social».

Según fuentes del Consejo General del Notariado consultadas por Europa Press, las personas que contratan una hipoteca acuerdan sus condiciones con el banco, en las que podría figurar que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo pagará quien la Ley determine que es el sujeto pasivo o que será el banco quien lo abone por mutuo acuerdo.

Una vez acuden a firmar las escrituras, los notarios están informando desde el jueves a las partes sobre las últimas novedades en torno a este impuesto para asegurarse de que el contrato se ha elaborado conforme a la Ley y que las partes son conscientes de lo que firman y las posibles implicaciones de la próxima decisión del Supremo en torno al citado gravamen.

El Consejo General del Notariado desconoce si se está paralizando la firma de contratos hipotecarios, aunque es probable que algunas partes decidan esperar a la resolución del Supremo o que las que continúen adelante con el proceso modifiquen la cláusula relativa al impuesto para dejar abierto que el pago lo realizará quien la ley establezca.

En cualquier caso, desde que se firma una escritura hasta que se abone el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados hay un plazo de 30 días hábiles. Además, la legislación protege los derechos de los consumidores en el sentido de que, si una persona renuncia a un derecho, puede volver a reclamarlo. Desde el Consejo del Notariado destacan el papel del notario es comprobar que el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente y que las partes están informadas sobre las últimas novedades y conocen sus derechos y sus obligaciones.

El encarecimiento, una solución obvia para la banca

En este sentido, las fuentes consultadas aseguran que lo «lógico» será que si al final es el banco el que debe asumir el gravamen se revisará y replanteará la política de precios. «Si tienes que asumir un coste que no estabas asumiendo y ya contabas con unos diferenciales ajustados, en un mercado hipotecario tan competitivo como es el español, será lo obvio», subrayan.

Dependiendo de la comunidad autónoma en la que opere cada entidad, tendrán que pagar entre un 0,5% y un 1,5% del impuesto. «Si hay que pagar esta cantidad sin repercutir al cliente, quizá estas operaciones dejarán de interesar a los bancos y podría dejar de otorgarse hipotecas», aseveran.