La subida del IRPF para las rentas del trabajo y del capital más altas, así como el incremento del Impuesto sobre Sociedades para las grandes corporaciones y el alza del Impuesto de Patrimonio para los capitales de más de 10 millones de euros son las principales novedades fiscales que incluye el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. El Gobierno espera recaudar con todas las novedades fiscales un total de 1.862 millones de euros en 2021 y de 2.135 millones en 2022.

Además, a los cambios fiscales incorporados en los Presupuestos se unirán otras medidas tributarias ya aprobadas, como las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, y otras que se aprobarán al margen de las cuentas públicas, como el nuevo impuesto al plástico de un solo uso y otro más por la generación de residuos. Todas estas medidas aportarán unos ingresos adicionales de 4.223 millones de euros.

Concretamente, por la tasa ‘Google’ se recaudarán 968 millones, mientras que por la tasa ‘Tobin’ se ingresarán 850 millones. De su lado, el nuevo impuesto sobre los residuos generará unos ingresos extra de 861 millones, al tiempo que el impuesto sobre los envases de plástico aportará 491 millones.

Aumento de dos puntos en el tramo más alto del IRPF

En cuanto a los cambios en el IRPF, que sí se incluirán en los Presupuestos, se introduce un aumento de dos puntos en el tramo más alto del IRPF para las rentas superiores a los 300.000 euros, mientras que se eleva dos puntos la fiscalidad de las rentas del ahorro desde los 200.000 euros. Con esta medida, se pretende recaudar 491 millones de euros en 2021 y 2022 y afectará a 36.194 contribuyentes, el 0,17% del total.

Además, se ha limitado a 2.000 euros la aportación máxima a planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF, desde el máximo de 8.000 euros actuales, mientras que, por el contrario, se ha elevado de 8.000 a 10.000 euros la aportación máxima en el caso de los planes de empresas. Con esta medida, el Ejecutivo prevé ahorrarse 580 millones de euros en 2022.

En el caso del Impuesto sobre Sociedades, se limita al 95% desde el 100% actual la exención sobre el reparto de dividendos en las filiales, lo que afecta principalmente a grandes compañías, dado que las empresas con un volumen de negocio inferior a 40 millones de euros podrán seguir aplicando la totalidad de la deducción durante tres años.

La medida afectará a unas 1.739 empresas de las más de millón y medio que hay, el 0,12% del total, y está en línea con otros países del entorno como Francia, Italia o Alemania. La reducción de la deducción permitirá recaudar 1.520 millones de euros en dos años.

Sobre el posible anticipo de dividendos ante la eliminación de esta exención en Sociedades, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ha explicado, en la rueda de prensa para explicar los Presupuestos, que dicha exención supone más del 50% de lo que se detrae el resultado contable sistemáticamente en cada ejercicio y ha dicho que «no se observa un cambio oportunista».

No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado que aunque los PGE no establecen específicamente la prohibición del adelanto de anticipos, algunos planes aprobados durante la pandemia ya incorporaban dicha imposibilidad de reparto de dividendo a través de distintos condicionantes, sobre todo en las ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en línea a lo fijado por ejemplo en los ERE y la imposibilidad de despedir.

«Parece razonable que si se está intentando favorecer la sostenibilidad del sistema productivo con dinero público sea la prioridad y no haya reparto de dividendo», ha enfatizado.

Impuesto de patrimonio prorrogado indefinidamente

En el Impuesto sobre Patrimonio, que el Gobierno ha prorrogado indefinidamente y quiere armonizar en el conjunto de comunidades autónomas para evitar el ‘dumping fiscal’, se eleva el tipo aplicable a partir de 10 millones de euros, del 2,5% al 3,5%, para garantizar que los que más tienen, más aporten.

Además de los cambios en IRPF, Sociedades y Patrimonio, los Presupuestos del 2021 incluyen también un aumento del IVA para las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasarán a tributar desde el 10% al 21%. Este incremento afectará solo a su venta en supermercados y establecimientos alimentarios, pero no así en bares y restaurantes para no perjudicar a la restauración. El incremento permitirá una recaudación adicional de 400 millones de euros en 2021 y 2022.

En impuestos especiales se modifica también el impuesto de hidrocarburos reduciendo la bonificación fiscal del diésel, de tal manera que el tipo impositivo pasa a 34,5 céntimos el litro, frente a los 30,7 céntimos actuales, aún por debajo de los 40,07 céntimos con que está gravado el consumo de gasolina.

Esto supone un incremento de 38 euros por cada mil litros, o lo que es lo mismo, 3,45 euros más al mes para un consumidor que haga unos 15.000 kilómetros al año. Se mantiene, en cambio, la tributación actual del gasóleo para uso profesional y el bonificado. Este incremento aportará a las arcas públicas 500 millones de euros adicionales en los dos próximos años.

El impuesto sobre las primas de seguros es otro de los tributos que se modifican en las cuentas públicas, un impuesto que no se modificaba desde el año 1998 y que se incrementa ahora desde el 6% al 8%, con un incremento de recaudación de 507 millones de euros en 2021 y 2022.

No habrá rebaja de sociedades para pymes

Lo que finalmente no incluirán las cuentas públicas es la rebaja del Impuesto sobre Sociedades para pymes del 25% al 23%, incluido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, ni la subida del IVA para la sanidad y educación privadas, que se analizó en un principio. Tampoco se incluye una rebaja del IVA para los productos de higiene femenina.

El Gobierno afirma que todos estos cambios son «retoques fiscales» y ha aplazado la reforma fiscal en profundidad a la recuperación de la economía española tras la pandemia del Covid. En este sentido, creará un comité de expertos para analizar la futura reforma, que comenzará a trabajar próximamente y que podría tener una primera aproximación en el plazo de un año para poder incorporar ya algunos cambios en los Presupuestos de 2022.