El Ejecutivo estudiará las necesidades de recursos con las entidades locales. Y no descarta aprobar más adelante la nueva prestación económica para ayudar a los padres que tengan que quedarse en casa, sin posibilidad de teletrabajar o reducir jornada, por el cierre de colegios por el coronavirus. Una medida anunciada la semana pasada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Así lo han señalado fuentes del Gobierno, después de que la medida anunciada no haya sido incluida tampoco en la nueva remesa de medidas del plan de choque contra el Covid-19 aprobada vía real decreto-ley en el Consejo de Ministros. La misma que contempla movilizar hasta 200.000 millones de euros (117.000 millones del sector público), con avalas públicos, flexibilización de ERTEs y otras ayudas.

Desde Moncloa explican que cuando se diseñaron prestaciones como la anunciada por Escrivá se produjo el cierre de centros escolares. Y había una dificultad en las familias de poder compatibilizar dentro de su jornada laboral el cuidado de los hijos, si bien se han aprobado medidas para propiciar el teletrabajo o reducir jornadas laborales.

En todo caso, las mismas fuentes señalan que se estudiará con las entidades locales si se producen situaciones de necesidad y las dimensiones para ver si se pueden atender con los mejores recursos disponibles. Aunque la idea de la prestación para padres sigue estando ahí y se utilizará en el momento en el que sea prioritario.

Entramos en una fase de contención reforzada

Tras la primera fase de contención de la crisis sanitaria la semana pasada, el Gobierno señala que se entra en una fase de contención reforzada. En esta priman las medidas de liquidez y de flexibilidad laboral para evitar el cierre de empresas y los despidos. La siguiente fase será la de recuperación y estímulo para recuperar la senda de crecimiento, señalan.

En todo caso, insisten en que se monitorizará la situación para detectar necesidades y si en un momento dado es necesario poner la prestación en marcha se activará en coordinación con los ayuntamientos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció el pasado miércoles que el Gobierno tenía la intención de aprobar con cargo a las arcas públicas una prestación económica para ayudar a los padres que tengan que quedarse en casa, sin posibilidad de teletrabajar, o reducir su jornada, por el cierre de colegios ante la expansión del coronavirus.

Por otra parte, el conjunto de iniciativas para potenciar el teletrabajo y propiciar la adaptación y las reducciones de las jornadas laborales, junto a la prohibición del corte de suministros (agua, luz, gas y telecomunicaciones) a colectivos vulnerables, justifican también la no aprobación de una moratoria en el pago de alquileres.

El Ejecutivo considera que las medidas aprobadas pueden garantizar el pago de los recibos de los ciudadanos. Y confían en la «solidaridad» de los propietarios y los acuerdos que puedan alcanzar con los inquilinos.

Además, el Gobierno ha aprobado una moratoria para el pago de hipotecas para colectivos vulnerables que se vean afectados por la merma de ingresos por el coronavirus, en principio para un mes. Aunque podría ampliarse, como el resto de medidas, si se prolonga el Estado de alarma más allá de ese plazo.

Coordinación con Comunidades Autónomas

El Ejecutivo insiste en la necesidad de la coordinación entre comunidades autónomas, entidades locales y Estado. Precisamente la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha presidido la reunión de coordinación por videoconferencia con los responsables de Economía y/o Hacienda de las comunidades autónomas para coordinar la respuesta económica a la situación de emergencia creada por el Covid-19.

Durante el encuentro, Montero trasladó a los consejeros autonómicos el detalle de las medidas aprobadas por el Gobierno hasta la fecha para hacer frente a la crisis de salud, como el plan de choque que movilizará 100.000 millones de euros de recursos públicos, entre la línea de crédito avalada a través del ICO, así como las ayudas directas a las familias, autónomos y empresas, inyecciones de liquidez a las regiones, como los 2.800 millones anticipados de la actualización de las entregas a cuenta, o los aplazamientos y facilidades de pago en impuestos o cotizaciones sociales.

En la reunión, Montero ha comunicado el deber de las CCAA de suministrar al Ministerio de Hacienda la información económico-financiera que se requiera sobre los efectos derivados de las actuaciones acometidas en relación al Covid-19.

También ha propuesto a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas la posibilidad de adoptar medidas de flexibilización en procedimientos tributarios para los contribuyentes que se relacionan con las administraciones tributarias autonómicas.