El PP ha puesto en duda en el Congreso el enfrentamiento en el seno del Gobierno de coalición al respecto de la intervención del precio de los alquileres ya que, ha recordado, el Gobierno no ha recurrido al Tribunal Constitucional la ley catalana que contempla este tipo de medidas pese a que «tiene la obligación de hacerlo».

Así lo ha manifestado su portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, que en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este martes ha calificado como «cortina de humo» este «enfrentamiento ficticio e interesado» ante «el fracaso de la política de vivienda del Gobierno» y la «ausencia absoluta de políticas públicas para garantizar la función social de la misma».

En este sentido, ha criticado que «las únicas políticas públicas que se han promovido» sobre vivienda son «a costa de los propietarios»: «Se dan bandazos constantemente, pero lo único que se ha aprobado es la legalización de la ocupación», ha dicho Gamarra, en referencia al decreto ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

En ese decreto, aprobado el pasado enero, el Gobierno extendió las garantías contenidas en la moratoria de desahucios a ocupaciones ilegales en pisos deshabitados si son de empresas o grandes propietarios, con el fin de posibilitar a un juez el retraso de este desahucio si se cumple una serie de requisitos.

¿Hay informes que dudan de la legalidad de la ley catalana?

Gamarra ha explicado que este mismo lunes el PP ha registrado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra ese decreto pues considera que su contenido «viene a reconocer y legalizar la ocupación como fórmula para disfrutar de una vivienda».

Por otro lado, ha recordado que el PP ya recurrió ante el Constitucional la legalidad de dos leyes de vivienda aprobadas en Cataluña, uno de ellos estimada en parte, y se ha preguntado cómo el Gobierno aún no ha recurrido la última, aprobada en septiembre de 2020.

«¿Por qué el ministro Ábalos no ha recurrido esa ley catalana que sí interviene el mercado? No tiene la posibilidad, tiene la obligación de hacerlo», ha espetado Gamarra, que ha reclamado al Gobierno conocer si hay documentos que cuestionan la legalidad de la norma catalana y si, ante ellos, el Ejecutivo «se ha apartado de esos informes para llevar a cabo los recursos pertinentes».